Aprueba el Senado sancionar el ciberacoso y la violencia digital
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de abril de 2018.- No es broma, una publicación en Facebook de la página Zócalo Virtual ha difundido el rumor de que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría quedar en libertad por padecer… cleptomanía, el trastorno que se caracteriza por tener un impulso incontrolable por robar. Pareciera un chiste, pero la publicación suma más de 10 mil comentarios de usuarios que condenan que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto acepte liberar al exgobernador; y califican el hecho como una burla hacia los mexicanos.
La viralidad de la publicación —se ha compartido casi 25 mil veces— y las reacciones, entre las que se incluyen comentarios de gente que la ha dado por cierta, lleva a Verificado 2018 a revisar y explicar a los lectores cuál es la situación legal de Javier Duarte. La publicación cita como abogado de Javier Duarte a Pablo Campuzano.
Verificado 2018 confirmó que Campuzano fue representante legal del exmandatario veracruzano como parte de la firma de abogados Del Toro Carazo, pero a partir de marzo pasado ya no lo es. La defensa la asumió el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana.
Este último también es el encargado de la defensa legal de Alberto Silva, diputado federal del PRI y exvocero de Javier Duarte, investigado por la Fiscalía de Veracruz por corrupción. E incluso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien tiene en su contra 11 causas penales ante la Fiscalía de Chihuahua y una más a nivel federal en la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado electoral.
Arturo Ángel, reportero de Animal Político y uno de los autores de Las empresas fantasma de Veracruz, reportaje que reveló la corrupción en el gobierno de Veracruz, detalló que “en la audiencia inicial de Duarte, que se llevó a cabo en julio del año pasado, la PGR sostuvo que el acusado solamente padecía hipertensión arterial, ansiedad e hígado graso”. La defensa de Duarte no manifestó ni ha manifestado que su cliente sufra algún otro padecimiento.
Delitos que enfrenta Javier Duarte es investigado por la desviación de recursos, por un total de 61 mil millones de pesos durante su administración. Duarte enfrenta penalmente siete acusaciones. Las dos acusaciones que hizo la PGR y por las que está preso son:
❖ Delincuencia organizada: Es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. Su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
❖ Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena va de los cinco a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
El resto corresponden a dos acusaciones de la Fiscalía de Veracruz, cuyos procesos no han iniciado hasta que no se resuelven los amparos tramitados por la defensa de Duarte:
❖ Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de dos a ocho años de prisión.
❖ Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con dos mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Amerita una pena de uno a ocho años de prisión.
❖ Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración. Contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
❖ Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Este delito contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.
❖ Coalición: por el desvío de dos mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. La Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Alcanza una pena de seis meses a seis años de multa. El 31 de enero de 2018, la defensa de Javier Duarte logró que el juez ampliara seis meses el plazo para integración de pruebas. Será el 31 de julio que continuará el proceso legal del acusado.
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