Uso de Razón/ Pablo Hiriart

Por Pablo Hiriart

 Ya está la causa del socavón, faltan responsables

Con una claridad poco usual entre técnicos, el Grupo de Expertos Independientes que investigó las causas del socavón en el Paso Express de Cuernavaca determinó que éste se debió, fundamentalmente, a que no se cambió la tubería del drenaje al realizar la obra.

La tubería, explicó el Doctor Humberto Marengo Mogollón, era vieja y debió ponerse una nueva.

Esos tubos corresponden a un drenaje para uso rural, y tenía que ser cambiado por uno de uso urbano.

La basura lo tapó y los torrentes de aguas de lluvias reblandecieron el subsuelo y eso originó el hoyo en que cayeron dos ciudadanos que perdieron la vida.

Hasta ahí todo está claro. Ya sabemos qué fue lo que sucedió. Falta conocer ahora por qué no cambiaron la tubería del drenaje, y que haya castigo a los responsables.

De por medio hay dos personas muertas y cientos de miles de afectados que con sus impuestos pagaron por una obra mal hecha. En este caso, criminal.

La responsabilidad, a simple vista, es compartida entre las empresas constructoras y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Fue el consorcio constructor quien debió cambiar la tubería del drenaje para que su obra resistiera los aguaceros, y los delegados de la SCT encargados de supervisar los trabajos no tendrían que haber permitido esa negligencia.

¿La omisión del consorcio constructor fue para ahorrarse dinero?

¿El consentimiento de los funcionarios de la SCT para seguir la obra con un drenaje rural, fue negligencia? ¿O hubo algo peor?

Tales preguntas no corresponde responderlas al Grupo de Expertos, sino que deben contestarse por parte de las autoridades.

Fue muy desafortunado –por decir lo menos- que la Secretaría de la Función Pública, encargada de aplicar sanciones a los responsables, saliera ayer con un boletín ambiguo: lo expresado por los expertos “no es vinculante”.

¿O sea? ¿Para qué los contrataron? ¿O no les gustó el resultado del peritaje?

Por lo que respecta al costo de la obra, que se fue casi al doble (de mil 50, a mil 900 millones de pesos, según las cifras oficiales), nos explican en la Secretaría de Comunicaciones que se debió a la ampliación de carriles y otras tareas realizadas.

El proyecto original era de cuatro carriles. Hubo que hacer otro carril lateral por cada lado para dar cabida al aforo vehicular.

Hubo que hacer puentes peatonales para cubrir diez carriles, en lugar de los originales que estaban calculados para ocho carriles.

Fue necesario pagar a los ejidatarios el derecho de vía para hacer estos nuevos carriles. Como suele ocurrir en nuestra tradición autoritaria, a los campesinos se les expropió en 1960 y no se les pago. Ahora hubo que hacerlo.

También fue necesario construir catorce kilómetros de drenaje para los vecinos del lugar donde se realizó la obra, y en las excavaciones se encontraron instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad que debió moverse con tecnología de seguridad para no dejar sin luz a Cuernavaca.

Ya sabemos, pues, por qué se elevó el precio de la obra.

Está clara la causa del colapso: el tubo de los años 60, puesto para un drenaje rural, no soportó la presión del agua, se tapó con basura, se rompió y la humedad debilitó el subsuelo y vino el hundimiento.

Técnicamente ya conocemos los hechos. Falta deslindar responsabilidades por una negligencia –o algo peor- que costó la vida a dos ciudadanos decentes y cuya muerte no puede quedar sin castigo.