Uso de razón|Pablo Hiriart

            Se lo haya propuesto no, el punto es que ante el fracaso de su presidencia López Obrador ha emprendido una carrera hacia el socialismo.
            Un socialismo marxista, no democrático, que tiene a la lucha de clases como su motor fundamental.
            En su fracaso, el presidente nos lleva al enfrentamiento entre mexicanos.
            El «Acuerdo para el Bienestar», propuesto por Morena, es violatorio de la Constitución, fomenta el rencor social y da un trato de delincuentes a los que han hecho un patrimonio.
            Plantea en su punto número dos, que  «el INEGI debe entrar, sin impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas».
            Eso no es un socialismo democrático, sino un arrebato marxista, que convierte al INEGI en policía para meterse a las casas de las personas a revisar sus bienes y emprender acciones si es «rico», o lo que ellos quieran entender que significa ser «rico».
            Durante la conferencia matutina de ayer, el presidente estuvo en sintonía con la propuesta de su partido: «La pregunta ahora es ¿qué haremos con los ricos?», dijo.
            Obviamente la simpatía popular al planteamiento de Morena y el discurso presidencial va a tener un buen impacto en la población que menos tiene.
            Ahí está el simplismo populista: los pobres son pobres por culpa de los ricos.
            Con eso se ahorran explicar que la caída de la economía, por políticas erróneas y un mal manejo de la crisis por parte del gobierno, lleva a millones  de mexicanos a la pobreza, y a millones de pobres a la miseria.
            Sí, repito, millones.
            El shock en que se encuentra el presidente porque su gestión conduce a la pobreza a los ciudadanos, en lugar de sacar de ella a los que están en esa condición, lo hace recurrir a la lucha de clases como motor de su gobierno.
            La lucha de clases (primer párrafo del Manifiesto Comunista) es la tesis central del marxismo, que ha fracasado en todo el mundo y sólo Venezuela intenta navegar en esa dirección.
            Esta iniciativa que el partido gobernante llevará al Congreso, es una invitación a que, quienes puedan, saquen su dinero y se vayan del país.
            «Vende y emigra», es el mensaje a «los ricos».
            Por tratarse de una propuesta que requiere cambiar la Constitución, necesita las dos terceras partes del voto de los diputados y de los senadores.
            En diputados tienen esa mayoría calificada, pero en el Senado no, e incluso el líder morenista en la cámara alta manifestó su extrañeza por el proyecto.
            Razón demás, pues, para que el próximo año Morena y sus aliados pierdan la mayoría en la Cámara de Diputados. Es, por lo visto, una condición de supervivencia de la democracia.
            Obviamente muchos queremos estado de bienestar y política fiscal progresiva, que paguen más los que más tienen.
            Sin embargo el estado de bienestar se financia con ingresos para el gobierno que salen de las utilidades del sector privado, de las inversiones que dan empleo, que crean riqueza, y del consumo de los que ganan un sueldo.
            Y el presidente manda, literalmente, a la quiebra a las empresas.
            Cero apoyo al sector privado de la economía.
            «Que quiebren» ha dicho. De esa manera el Estado se podrá quedar con las empresas que no puedan pagar impuestos. Con las que le convenga.
            El ataque a los «ricos» para que se vayan del país, más el abandono a los empleadores, es otro empujón rumbo al socialismo.
            Un socialismo arcaico y derrotado, porque hasta en China y en Vietnam adoptaron políticas del libre mercado, economía abierta, y han salido adelante con asombrosa rapidez.
            Barbaridad tras barbaridad, el gobierno federal pavimenta el camino hacia el estatismo socialista.
            Para afuera la inversión privada, nacional y extranjera, en energías renovables.
            Contra la ley y contra la Constitución, el gobierno emitió un Acuerdo que bloquea la entrada en funcionamiento de parques productores de energía solar y eólica, que ya estaban listos o casi listos para operar.
            Esas inversiones están protegidas por nuestra Carta Magna y por tratados internacionales. Además, la producción de energías limpias en México es de las más económicas del mundo.
            Todo eso lo saben en el gobierno y atropellan contratos firmados e inversiones ejecutadas. El mensaje es lo que importa: no somos confiables, cambiamos las reglas del juego, no respetamos los contratos, fuera de aquí.
            Como lo dijo ayer el presidente López Obrador: «estaban conspirando para destruir Pemex y CFE. (Y la medida se tomó) para que ya no se siga consumando el saqueo neoliberal».
            Eso piensa. Y váyanse de aquí, que en México preferimos desplazar lo mejor del sistema eléctrico, las energías limpias, por lo peor que tenemos, el combustóleo que generan de manera residual las refinerías del país y que está prohibido en el mundo por su alto contenido de azufre.
            ¿Qué quiere AMLO? ¿Hacia adonde lleva el país?
            Los hechos apuntan a que vamos hacia el socialismo caduco, el que a las clases medias las hace pobres y a los pobres los hace pobres extremos.