Uso de razón|Pablo Hiriart

Libertades amenazadas: vuelve el ataque Pablo Hiriart

Lo que está bajo amenaza no es el “régimen de privilegios del pasado” que el Presidente me acusa defender, porque los privilegiados que hacían antesalas en Los Pinos son los mismos que hoy se pasean como Pedro por su casa en Palacio Nacional.
Está en riesgo el régimen de libertades.
En los próximos días llegará a la Cámara de Senadores el proyecto remozado que hace dos semanas llevaron altos funcionarios, encabezados por la secretaria de Gobernación y el Fiscal General de la República, a entregar a los legisladores. Se retractaron en pleno evento y volvieron con el documento bajo el brazo.
Dice el Presidente que él no sabía nada del anteproyecto de reformas al sistema judicial.
¿Su equipo elaboró y llevó al Senado un paquete con reformas a catorce artículos de la Constitución y un nuevo Código Penal, para toda la República, sin decirle nada a su jefe ni explicarle el contenido?
O el Presidente está perdido, o sus colaboradores no lo respetan, o conocía el anteproyecto y estuvo de acuerdo.
Sea lo que sea, en el equipo gobernante hay quienes impulsan la pérdida de libertades individuales para entregarle nuestros derechos a un Estado opresor.
Como no pueden solucionar problemas con los estorbosos derechos y garantías individuales, recurren a su anulación. A ver si así.
Del gobierno y de nadie más salió ese Anteproyecto de Reformas Constitucionales y un Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que da arraigo ante la acusación de cualquier delito, a solicitud del Ministerio Público (artículo 157). Arbitrariedad, indefensión y corrupción aseguradas.
En su artículo 16, el anteproyecto de Código autoriza la intervención de comunicaciones privadas en materia fiscal y electoral. Todos estaremos expuestos a ser espiados legalmente por el gobierno.
¿Por qué? Razón de Estado. Chantaje y control político de por vida.
Y por sospecha se pide el arraigo.
Se pretende desaparecer al Juez de Control (encargado de frenar los abusos y fallas del Ministerio Público) y se establece la “averiguación judicial”: investigan el juez y el MP.
Como dice el maestro Rodolfo Félix Cárdenas en un riguroso análisis sobre el tema, se regresa a la figura que impuso el dictador Porfirio Díaz en el Código Penal de 1880 (revertida en 1917 por Venustiano Carranza), en que una persona es investigada, procesada y juzgada por un solo juez, que además presume su culpabilidad. (Artículos 309, 382 y 436 del Anteproyecto de Código Penal).
Así, no hay defensor que pueda contra un juez que acuse, investigue, valore sus propias pruebas y luego dicte sentencia.
¿De dónde salió ese Anteproyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, entre otras cosas, impide al denunciado por el delito que sea, tener acceso a las pruebas que dice tener el MP?
Se trata de una embestida contra las libertades políticas e individuales, y también contra las empresas establecidas en México, que –igual que todos nosotros– perderán el derecho a la imparcialidad judicial si prospera un proyecto de ese calado. Bonita forma de invitar a invertir en el país.
Alguien filtró ese documento en la víspera de ser presentado ante la Cámara de Senadores, lo que provocó que fuera frenado por miembros del gobierno, Monreal y la Suprema Corte.
Pero se filtró algo existente, no fue un invento de nadie.
No es el único aviso de que Morena va por el atropello a las libertades para tener control político.
Dos veces intentó la fracción parlamentaria de ese partido en la Cámara de Diputados que ante la sospecha de evasión fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera pidiera al banco que congele cuentas, sin que mediara notificación de un juez.
¿Ante quién se iba a defender el ciudadano? ¿Ante un juez? No, ante la Unidad de Inteligencia Financiera que es juez y parte.
El resto ya lo sabemos: prisión preventiva al igualarse la presunción de fraude fiscal a delincuencia y sujeta a extinción de dominio, antes de que un juez dictara sentencia.
Si el sospechoso resultaba inocente, igual perdía sus propiedades que ya habrían pasado a manos del gobierno, vía el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Eso se frenó, momentáneamente, gracias a la actitud valiente de la diputada morenista Lidia García, y de los diputados priistas Dulce María Sauri y Enrique Ochoa.
Lo que no se pudo frenar fue la imposición de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Una gris funcionaria de Morena al servicio del Presidente. Adiós a la defensa del ciudadano atropellado por decisiones del gobierno.
La señora se ha ocupado de hacer ahorros, culpar antecesores, pero no tiene opinión sobre la falta de medicamentos para los niños con cáncer.
En lo que sí tuvo opinión fue en el acuerdo de Morena de impedir el uso de la palabra al diputado Porfirio Muñoz Ledo que, en su comparecencia, enseñaría un video con lo que él considera abusos de la Guardia Nacional contra niños y mujeres migrantes de América Central en Chiapas.
“Fue una decisión democrática negarle el uso de la palabra al diputado Muñoz Ledo”, dijo.
Sí, en el equipo gobernante insisten, y no descansarán, hasta negarnos la palabra a todos y apretar al ciudadano por la vía del terror y de la coerción judicial.
La libertad está amenazada. Los hechos lo muestran.