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QUERÉTARO, Qro., 25 de marzo de 2025.- Ante el incremento de la violencia y la inseguridad en el país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado urgente para reforzar las políticas de seguridad y aprobar una Ley General contra la Extorsión, delito que afecta gravemente a empresas, en particular a las micro, pequeñas y medianas (Mipymes), y a familias mexicanas.
De acuerdo con Coparmex, las modalidades de extorsión —que incluyen llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación— generan incertidumbre y frenan el desarrollo económico y social.
La falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales y la falta de coordinación entre fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) dificultan una respuesta efectiva ante este fenómeno.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2024 del Inegi, el 96.7 % de los casos no se denuncian, principalmente por miedo a represalias.
En algunos estados, el delito ha aumentado hasta un 50 % en los últimos seis años. Solo en enero de 2025 se registraron 923 víctimas de extorsión, lo que representa un alza del 13.3 % respecto al mes anterior.
Aunque la reforma al artículo 19 constitucional incluyó la extorsión en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, Coparmex considera que esta medida no soluciona el problema y puede vulnerar la presunción de inocencia.
En su lugar, proponen reformar el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión expida una Ley General de Extorsión, la cual coordine acciones, homologue penas y combata el delito de manera integral.
El organismo empresarial exhortó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a retomar el proceso legislativo y someter el dictamen al Pleno, destacando que desde la LXV Legislatura han trabajado en una propuesta de ley en colaboración con especialistas, penalistas y autoridades de seguridad.