Tras bambalinas

Por JORGE OCTAVIO OCHOA. Colocada -según la mayoría de las encuestas en diarios de circulación nacional- dos dígitos arriba de Xóchitl Gálvez, la morenista Claudia Sheinbaum tendrá muchas cosas qué responder, antes de hacer realidad esos pronósticos tan optimistas.

En primer lugar, la ex jefa de gobierno tendrá que puntualizar a los mexicanos, si su relación con las Fuerzas Armadas y en particular con el Ejército, seguirán al mismo nivel de militarización que ha alcanzado con López Obrador, porque hoy vemos más militares metidos en grandes negocios que en asuntos de seguridad.

Desde Miguel Alemán, con Acapulco; pasando por Luis Echeverría, “padre de Cancún”, y José López Portillo, que continuó con ese proyecto, todos los presidentes de México se convencieron de que el principal atractivo del país es el turismo.

En esa línea, Andrés Manuel López Obrador no ha sido diferente. De hecho, sólo le da continuidad a lo que empezaron todos aquellos, pero con un tono más radical que debe movernos a preocupación. De la infame destrucción ferroviaria que impulsó Ernesto Zedillo, hoy pasamos a la militarización.

Proyectos como el Tren Maya, desarrollos hoteleros en la península y administración de aeropuertos y una línea aérea, desnaturalizan el ordenamiento constitucional para los que está concebido el instituto castrense y van mucho más allá de una simple estatización.

Salvo en los países netamente comunistas, una presencia de tal naturaleza en nichos empresariales de esa índole, no se encuentra en ninguna parte del mundo, y pone en tela de juicio el argumento de “protección” que se le quiere dar a todas esas instalaciones, que lejos están de ser ideadas para los pobres.

Ni el AIFA, ni el Tren Maya, ni Mexicana de Aviación, están concebidos para beneficiar a los pobres o para darles servicios. Ninguno de los tres será redituable en menos de una década y es difícil pensar que se conviertan en polos de desarrollo, porque, como vemos, ni Bahías de Huatulco lo ha logrado.

Puestos en esta lógica, debemos preguntarnos cuál será la relación de Sheinbaum respecto al sector privado, y si se consolidarán empresarios como Carlos Slim y Emilio Azcárraga; con otros nuevos como Daniel Chávez Moran, la familia Olán y Alejandro Calderón Alipi, metidos en las industrias hotelera y farmacéutica.

¿Veremos el crecimiento exponencial de Vidanta en los corredores turísticos de alta gama en Guerrero, Nayarit, Jalisco; y ahora de toda la Riviera Maya en el caribe mexicano? ¿Los hijos de AMLO que papel jugarán respecto de estas empresas y con Morena en el relevo político generacional?

¿Qué relación mantendrá con el sector militar, convertido hoy en un cuarto poder? ¿Cómo será la relación con los medios de comunicación, que hasta hoy vemos muy distante? Y con los otros Poderes: ¿será de conjura con el Legislativo y de confrontación con el Judicial?

Todas estas preguntas son importantes porque, como hemos visto, al haberse abierto la reelección en el Poder Legislativo, al menos una generación de jóvenes que ya se está volviendo adulta, ya perdió toda oportunidad de introducirse en el recambio político de los partidos.

Luego, éstos últimos, convertidos en clubs de cuates, que sólo le abren el registro a sus muy conocidos, pues tampoco tienen un gran interés de hacer participar a la gente, salvo cuando es momento de alguna votación. Pero para ello, mejor se les paga o compra la voluntad.

Se dice ambientalista. ¿Cómo va a enfrentar la depredación ecológica y la destrucción que dejará AMLO en la ruta del Tren Maya? ¿Cómo corregirá los sistemas de procesamiento de combustible en Dos Bocas para que deje de utilizar carbón? ¿De qué tamaño será la autogeneración de energía limpia?

Es una pesada herencia la que queda para cualquiera de las dos que resulte su sucesora. Un Banco del Bienestar que acumula más de 143 millones de pesos en pérdidas, por robos inexplicables; 500 mil millones de pesos en un Tren Maya que será redituable en una década.

Ni qué decir del costo que tendrá la política aeroportuaria de AMLO, que tan sólo en el AIFA erogará 115 mil millones de pesos, más 465 mil millones que literalmente se tiraron a la basura por cancelar el aeropuerto de Texcoco. Son pesados remanentes que tarde o temprano reventarán en las finanzas del sucesor y, claro, del pueblo.

La política en materia de salud ha lindado en lo criminal. Inauguró su MEGAFARMACIA, luego de que en desde el principio de su mandato, el sistema de salud encabezado por el frustrado INSABI, no surtió 5 millones de recetas en 2019; un año después, la cifra subió a 15.8 millones. En 2021, el volumen de recetas alcanzó los 22 millones y en el 2022 fue de 12 millones.

Casi 55 millones de recetas no se surtieron en el sexenio de AMLO. En plena pandemia, llevó a cabo una purga de compra de medicamentos, sin análisis previo, sin dar a conocer qué empresas lucraban con las medicinas.

En medio del fracaso del INSABI, López Obrador lleva a cabo actualmente una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que deja en poder de una nueva entidad, llamada Servicios de Salud IMSS-Bienestar que manejará 734 mil millones de pesos para controlar toda la infraestructura hospitalaria de los estados.

Al menos 23 estados aceptaron la entrega, no sólo de la infraestructura hospitalaria, como es el mobiliario y centros de salud, sino también del manejo de personal. De esta manera, se regresa al monopolio y centralización de los servicios en el Ejecutivo Federal.

Las Secretaría de Salud de los estados entregarán los recursos de los ramos 33 y 12, que tienen qué ver con obras de infraestructura en salud. El recorte presupuestal para el sector salud el año próximo será, en términos reales, de casi un 55 por ciento. Todo lo quiere centralizar y controlar.

El crimen organizado está instalado ya en los tres niveles de gobierno. Así lo vemos a la luz del caso Guerrero, donde no sólo hay parentesco familiar entre la gobernadora y capos del narco. Hay todo un clan que ha tomado las alcaldías, como es el caso de Chilpancingo.

No se puede presumir Honestidad Valiente cuando, por ejemplo, nos enteramos de que la hermana de la nueva ministra de la Corte, Lenia Batres, es socia del diario El Sur, de Guerrero, que ha recibido 19 millones de pesos en contratos de publicidad de la 4T. Su hermano, Martí, es jefe de gobierno en la CDMX.

Pareciera entonces, que el principal promotor del Golpe de Estado en México ya está en Palacio Nacional. El equilibrio de Poderes está roto; las elecciones del 2024 están viciadas; ya se columbra un gran fraude. Las instituciones democráticas como el INE, INAI, CNDH, son una caricatura. Mexicanos, ojo con sus deseos.