· Voracidad fiscal: gravar la venta por catálogo afectaría a 25 millones de mexicanos
· Les aplicarían impuestos sobre producción y comercio, no sólo sobre sus ganancias
· Y además, perderían derecho a los beneficios de los programas sociales del Estado

Hay un ángulo fiscal y social no explicado.

Comencemos por el análisis social de este propósito asentado en el paquete fiscal del gobierno para el próximo año:

En promedio, 90 por ciento de los vendedores por catálogo son personas en condiciones socialmente críticas.

Amas de casa, madres solteras, jubilados, ancianos en situación de abandono, jubilados con pensión insuficiente ninis…

También trabajadores y trabajadoras con bajos ingresos obligados a una actividad secundaria para completar el gasto familiar.

Un mundo estimado en millones de personas, para los cálculos menores entre dos y tres millones, y para otros entre cuatro y cinco.

Si el último número se mide por dependientes familiares, se hablaría de algo así como 25 millones de mexicanos.

Gente dedicada a subastar desde ropa usada o nueva de bajo costo hasta zapatos, joyería, autos viejos o en el mejor de los casos automóviles de segunda mano.

Son parte de la economía informal –eufemismo para quienes escapan al control fiscal-, de la cual depende algo así como 60 por ciento de los mexicanos.

Ese es el panorama general.

VENDEDORES, NO PRODUCTORES

Pero hay mucho más.

Tal vez ese universo de mexicanos no pague impuestos y por lo tanto, en estos tiempos de apretón general, los quiera controlar el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Hoy el fisco, personalizado en el secretario de Hacienda Arturo Herrera o la directora del Sistema Margarita Ríos Farjat, los ha centrado.

Quieren incorporarlos a la economía formal por la vía más severa: el pago de impuestos.

Esto significa aplicarles varios cargos, en especial Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Se hablaría de 35 por ciento en el primer caso y 16 en el segundo.

Es decir, de golpe y porrazo esa práctica de supervivencia los privaría de la mitad de los ingresos a los cuales están acostumbrados.

El impacto social sería tremendo.

Para ilustrar: 90 por ciento los vendedores independientes de Price Shoes pertenecen al grupo descrito anteriormente: madres solteras, ancianos, ancianas, jubilados, desempleados…

El segundo aspecto:

¿Por qué deben pagar 35 por ciento de la venta final de un producto, si no son parte de la cadena de producción y solamente un eslabón de comercialización?

¿Y por qué pagar IVA de 16 por ciento, si ellos solamente tienen un margen ridículo –muchas veces menor al diez por ciento- de beneficio?

Y ADIÓS PROGRAMAS SOCIALES

Si esto es poco, vaya otro elemento:

Por esta vía el Sistema de Administración Tributaria pretende darlos de alta como causantes de una economía formal inexistente e insegura.

Sus ventas no garantizan ingresos fijos, subsistencia segura y menos tendrán los pilares elementales de la seguridad social: IMSS e Infonavit.

Hoy ya ni el Seguro Popular existe.

Cuarto aspecto:

Incorporados a la economía formal como micro empresarios, en automático perderán los beneficios de la política asistencialista del Estado Mexicano.

Las pensiones como ancianos, madres solteras, estudiantes, ninis o como se quiera llamar en estos tiempos del neologismo de la cuarta transformación.

En síntesis: el Estado se sacudiría de un mínimo de dos millones o tal vez hasta cinco millones de beneficiarios de programas sociales.

Ojo: no hablamos de todos los incorporados a esos apoyos, sino a quienes se dedican a vivir del único resquicio del mercado nacional, la venta por catálogo.