Subroga Segob abogados formados bajo Modelo de Justicia Penal Querétaro

QUERÉTARO, Qro., 4 de mayo de 2018.- Este viernes se llevó a cabo la firma de contrato de subrogación en el servicio de la Defensa Pública con los primeros seis abogados litigantes privados, quienes fueron capacitados y formados bajo los estándares del Modelo de Justicia Penal Querétaro.

En el marco de la décimo segunda sesión extraordinaria de la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho, el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, en calidad de Presidente de la Comisión Evaluadora, destacó que este es un hecho histórico y un ejercicio inédito en el país.

Además, subrayó que el ejercicio profesional de la defensa penal pública distingue al estado de Querétaro como una de las más técnicas y eficaces del país.

De igual forma, precisó que la subrogación es un ejercicio que tiene por objetivo garantizar que existan los juristas aptos para dar protección jurídica a la ciudadanía.

A partir de esta fecha, los defensores subrogados tendrán la posibilidad de defender con sus capacidades, dignidad, honor y conocimiento a las personas que pondrán y depositarán su esperanza en el trabajo que desarrollen.

«Lleven con dignidad la función que desempeñarán y den testimonio de que han sido seleccionados porque conocen el modelo de operación Cosmos», exhortó.

Los seis contratos fueron con aquellos abogados que mostraron haber adquirido la capacidad de litigar con el esquema del Modelo Querétaro.

Los abogados litigantes privados tuvieron que acreditar un proceso de capacitación, evaluación y certificación bajo el Modelo de Justicia Penal Querétaro, a fin de ganarse la posibilidad de representar profesionalmente a un acusado por la Fiscalía General del Estado, vía subrogación.

La certificación de abogados litigantes es un proceso que se realiza solo en el estado de Querétaro, mismo que consta en cumplir un periodo de 70 horas de formación en el Instituto de la Defensoría Penal Pública, para posteriormente ser evaluados por un grupo selecto de jueces, fiscales y defensores.

Los casos que les sean asignados serán de acuerdo con los criterios que define la propia Comisión Evaluadora, con el propósito de otorgar mecanismos que permitan mayor transparencia, calidad y profesionalismo, en beneficio de los ciudadanos.