Seguridad y Defensa/Carlos Ramírez

Seguridad nacional transnacional

EU rompe Entendimiento Bicentenario

Al cierre del año y por encima de las declaraciones de buena voluntad, el presidente Joseph Biden dio un paso audaz para imponer sobre México la lógica imperial de su seguridad nacional: refrendó el modelo de Barack Obama de crimen organizado transnacional para poner las leyes estadunidenses dentro de territorio mexicano.

Y, por si fuera poco, como aquí ya se ha comentado, definió la Ley Zapata para decretar la aplicación de las leyes estadunidenses en México –y otros países, pero a México como destinatario– a delincuentes que amenacen o atenten contra agentes estadunidenses de seguridad.

Las dos decisiones rompieron el espíritu del Entendimiento Bicentenario que fue celebrado por Biden como un momento cumbre de buena voluntad. Y en medios radicales conservadores están celebrando por adelantado la posibilidad de que la Casa Blanca caracterice a los cárteles del narco como terroristas.

Estas tres decisiones soberanas de EU han colocado la estrategia de seguridad pública de México y su doctrina de seguridad nacional ante un desafío de replanteamiento de la soberanía nacional. No puede haber ningún entendimiento si una nación poderosa impone por decisión propia leyes extraterritoriales sobre otros Estados.

El gobierno de EU está provocando a México. El aumento en recompensas de capos y una nueva lista de dirigentes de grupos delictivos mexicanos representó un sabotaje a la estrategia mexicana de construcción de la paz basada en la no-persecución de capos. Esta decisión soberana de México puede estar equivocada, pero estuvo determinada a través de un documento oficial que fue avalado en el Congreso y publicada en el diario oficial. Y se estableció en el derecho soberano de México de determinar decisiones estratégicas en función de intereses nacionales.

En este contexto, las relaciones México-EU podrán comenzar el año de 2022 con situaciones de conflictos diplomáticos. Los agentes de la DEA y sus operativos no tienen permisos para perseguir delincuentes en México ni para hacer operativas las recompensas. Sin embargo, en sectores de seguridad nacionales existen indicios de que la agencia antinarcóticos estadunidense trae una agenda de actividades que estarían rebasando los acuerdos bilaterales.

La inquietud en sectores mexicanos de seguridad es creciente. En octubre de 2019 el capo Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y encargado del área de producción y tráfico de fentanilo, fue atrapado en un operativo militar para ejercer una orden de extradición, pero la repuesta criminal amenazó con estallar bombas en zonas militares habitacionales; la decisión presidencial fue liberar al delincuente.

Pero ahora resulta que en el escenario de la radicalización imperial de la estrategia de seguridad de la Casa Blanca la DEA estableció una recompensa de 5 millones de dólares por Ovidio, pero sin obtener la autorización mexicana en tanto que se trató de un operativo dentro de México. Es posible que EU tenga una orden de extradición, pero Ovidio sólo puede ser arrestado por autoridades mexicanas y entregado a autoridades estadunidenses.

Y si hace dos años hubo el riesgo de una masacre que afectaría a familiares de militares en activo, la recompensa y ejercicio de la orden de extradición de EU rompe con la estrategia mexicana de construcción de la paz. Las recompensas estadunidenses han introducido inestabilidad en los tres grandes cárteles criminales: Sinaloa, Nueva Generación y el Golfo.

Las autoridades mexicanas no realizaron ninguna declaración formal sobre las tres decisiones estadunidenses de transnacionalización de las leyes de Seguridad de EU en México. Sin embargo, en las fuerzas de seguridad comenzó a manifestarse inquietud por saber el grado de autonomía que tendrían las agencias de seguridad de EU y sus agentes de campo para meterse a agitar las aguas de los cárteles. Las bandas criminales nunca entregarán por la buena a sus jefes y tienen cuadros y armas para desatar una guerra en zonas de control delictivo. El problema no radica en la información para localizar, por ejemplo, a Ovidio, pues todos en Sinaloa saben sus movimientos. Lo que no está claro es si el gobierno mexicano relazaría un operativo para arrestarlo y extraditarlo, causando violencia. Y lo mismo opera para el gran jefe del Cártel Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho.

La conclusión que queda es preocupante: o el gobierno de EU y sus agencias de seguridad tienen ya un acuerdo secreto con México para arrestar y extraditar a capos o las decisiones anunciadas por Biden fueron una violación flagrante del Entendimiento Bicentenario que provocaría una respuesta diplomática mexicana inclusive con mayor intensidad a la de finales de 2020 cuando la DEA arresto al general Salvador Cienfuegos Zepeda con base en información de dudosa veracidad.

Para evitar incertidumbre criminal que degenere en violencia, México deberá poner en claro las reglas de seguridad y hacérselas atender a la Casa Blanca. O el entendimiento derivará en un desacuerdo de enormes magnitudes.

Zona Zero

·       El presidente Joseph Biden cerró el año con la peor tendencia de desaprobación nacional, inclusive con cifras peores que las que tuvo el presidente Donald Trump al terminar su periodo. En enero habrá cuando menos tres celebraciones con escenarios negativos: un año de las elecciones que fueron desprestigiadas por Trump, un año del 6 de enero en que se dio el asalto popular insurreccional al Capitolio para reventar la estabilidad y el 20 de enero el primer año de gobierno demócrata.

·       No se perciben indicios de cambio en la estrategia mexicana de seguridad basada en el modelo de construcción de la paz, de no-persecución de capos y de programas sociales en zonas controladas. Para que quede claro.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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