Seguridad y Defensa/Carlos Ramírez

Narco México-EE. UU. El intervencionismo de Obama

El pasado miércoles 7 de julio el presidente Joseph Biden firmó un acuerdo para extender la vigencia de la estrategia de combate al crimen organizado trasnacional que publicó como política oficial el presidente Barack Obama en julio del 2011 y que en 2017 y 2019 el presidente Donald Trump revalidó sin quitarle ni una coma.

El concepto de crimen organizado trasnacional permite al Gobierno de Estados Unidos realizar operaciones de seguridad contra grupos criminales en sus países de origen. La estrategia fue definida ante la falta de resultados del gobierno mexicano en la persecución, arresto y liquidación de cárteles del crimen organizado vinculados sobre todo al narcotráfico hacia territorio estadounidense.

Se trata, como su nombre lo dice, de una estrategia fuera de EE. UU.; es decir, trasciende el ámbito jurisdiccional del territorio estadounidense para aplicar sus leyes y las extiende a otras naciones en las que no necesariamente se comparten criterios de seguridad o de Estado de derecho. En este sentido, la estrategia de Obama-Trump-Biden otorga a la Casa Blanca el derecho de intervenir de manera directa en otros países para combatir a las organizaciones criminales en sus países de origen, usando fuerzas civiles y militares de seguridad estadunidenses.

Trasladado a escenarios de coyuntura, la decisión del presidente Biden le permitirá realizar operativos estadounidenses en México, a pesar de que las nuevas reglas mexicanas exigen a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares extranjeras a registrar operativos y agentes y someterse a las reglas mexicanas.

El acuerdo firmado por el presidente Biden fue consecuencia de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México y a la falta de resultados esperados por la Casa Blanca. México reiteró que seguirá aplicando su estrategia de construcción de la paz que implica la no persecución de capos ni la confrontación violenta con bandas criminales para evitar la lógica de la guerra que había operado en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El problema de la estrategia de Biden radica en el hecho de que buscará terminar o disminuir con el narcotráfico en los países sede de los cárteles y bandas, sin que existan decisiones operativas para desmantelar a las células de las organizaciones criminales mexicanas dentro de territorio estadounidense.

Este dato ha sido registrado con precisión por los reportes anuales de la DEA, en los cuales se señalan datos y nombres de los cárteles mexicanos que controlan la venta de droga al menudeo en aproximadamente tres ciudades de de EE. UU., a veces, e inclusive, con la permisividad de las policías que enfocan el tema del narcotráfico en las calles estadounidenses como un asunto de derechos individuales.

Y queda también en el aire la falta de decisión, cuando menos pública, del gobierno estadounidense para combatir el lavado de dinero producto del narcotráfico que circula con amplitud en todo el sistema financiero americano. A ello se agregan las presiones sociales para extender la legalización de drogas duras, quizá con la sola excepción del fentanilo que produce las drogas mortales que están causando decesos masivos en los consumidores.

La transnacionalización de la lucha estadounidense contra el crimen organizado del narcotráfico causará estragos en América Latina, pues la experiencia de participación directa de fuerzas de seguridad americanas en países de la región terminó en dictaduras o en represiones masivas que no consiguieron disminuir el flujo de la droga.

México ha propuesto la tesis radical para terminar con el flagelo del narcotráfico: combatir el consumo, pues es una ley económica la que señala que la demanda determina la oferta y que en base en esta definición productiva se ha tomado la decisión de legalizar el consumo de la mariguana.

La política antidrogas de los gobiernos estadounidenses de Nixon a Biden radica en no penalizar demasiado el consumo, en perseguir y castigar la venta ilegal en las calles y sobre todo en atender las adicciones. Es decir, la política permisiva estaría detrás de las actividades de los cárteles del narco.

El problema se le complica y se le acredita al gobierno estadounidense por la razón de que los cárteles producen y trafican la droga hasta las fronteras estadounidenses y a partir de ahí el cruce hacia el interior EE. UU. ha sido posible por la corrupción de autoridades estadounidenses en materia de narco, migración y vigilancia fronteriza.

La estrategia estadounidense se enfoca a los cárteles, sin entender que estos son producto de las políticas de seguridad de los países de alta producción de droga. Al combatir a cártel por cártel, el gobierno estadounidense pierde la perspectiva del narco como una estructura criminal más allá de los capos.

Mientras los gobiernos de Estados Unidos no atiendan el consumo, no limpien sus estructuras migratorias y de seguridad y no asuman el narcotráfico como un problema de responsabilidad de Estado, ninguna estrategia va a dar resultados. Por ejemplo, los extraditables colombianos y los capos mexicanos presos en EE. UU. no disminuyeron el flujo de droga hacia territorio estadounidense.

Eso sí, la estrategia tendrá que encarar endurecimientos latinoamericanos de gobiernos que no querrán fuerzas de seguridad civiles y militares estadounidenses en sus países.

Al final de cuentas, la estrategia de Obama y la continuidad con Trump no dieron resultados por falta de mecanismos multilaterales de implementación de los objetivos de persecución de capos y cárteles. La decisión del presidente Biden pareció ser sólo un acto burocrático para dejar sentado cuando menos el interés estadounidense por darle prioridad al tema del narcotráfico.

Si de veras la Casa Blanca quiere resultados, de manera obligada tendrá que buscar una negociación con los gobiernos países latinoamericanos para convertir una decisión unilateral en una estrategia articulada y coherente.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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