Seguridad y Defensa/Carlos Ramírez

Quien crea que el sistema judicial estadunidense está formado por ángeles y querubines estaría cometiendo un error de análisis estratégico. El eje rector del funcionamiento del sistema político de los EE. UU. es la seguridad nacional imperial y la defensa de los intereses estadunidenses obligando a las demás naciones a someterse a las prioridades de la Casa Blanca, quien quiera que la habite.

El asunto del general Cienfuegos debe servirle a México para evaluar de manera critica y sensata la derrota de Donald Trump y el ascenso de Joe Biden, vicepresidente de Barack Obama, para los próximos cuatro años. Como es bien claro en el funcionamiento de la seguridad nacional estadunidense, la línea estratégica de acción está por encima de los intereses, partidos y comportamientos presidenciales.

Entre las muchas interpretaciones del asunto Cienfuegos –que no llegó a caso judicial– debe analizarse el que se localiza en la estrategia de seguridad nacional de los EE. UU. posterior a los ataques terroristas del 9/11 de 2001. En el 2003, el presidente Bush Jr. definió su Estrategia de Seguridad Nacional basado en el modelo del terrorismo como demonio sucedáneo del comunismo. La tesis central de Bush Jr. fue atacar a los grupos terroristas “en sus madrigueras” o países de origen, para trasladar el campo de batalla del territorio estadunidense a las naciones dominadas por el radicalismo musulmán árabe.

El modelo fue mantenido por el presidente Obama, con todo y su fama artificial de progresista y de profesor de derecho constitucional, y extendido: Obama revalidó las leyes patrióticas, no pudo –más bien: no quiso– cumplir su promesa de cerrar la prisión ilegal en Guantánamo para sospechosos de terrorismo árabe y avaló las iniciativas de Bush Jr. de un vasto programa de espionaje telefónico contra civiles violando los derechos de los ciudadanos, al grado, en este caso, de perseguir al periodista James Risen, del The New York Times, que reveló la existencia de ese espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional hasta llevar el caso a la Corte Suprema.

El arresto ilegal del general Cienfuegos ocurrió después del segundo memorándum de seguridad nacional del presidente Trump en septiembre de este año amenazando a México con castigos y certificaciones si no perseguía a los capos que más le interesaban a Washington –el líder del Cártel Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y al jefe suplente del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, hijo de el Chapo Guzmán– y los deportaba a los EE. UU.

En este contexto, el asunto Cienfuegos fue un acto de presión abusiva de los EE. UU. para obligar a México a cambiar su estrategia de construcción de la paz por el egreso a la guerra contra cárteles y capos, sin que esa decisión sea nacional. La justificación de esa línea de acción la definió el profesor de derecho constitucional Obama en su Estrategia de Combate al Crimen Organizado Transnacional de septiembre de 2011, a través del cual los EE. UU. asumieron el derecho imperial –constitucional o no– de meterse de manera legal o ilegal a los demás países a perseguir criminales y narcos.

De acuerdo con información no oficial, pero con de fuentes confiables, comandos especiales de la DEA, el FBI, la CIA y los marines se encuentra operando en México –avisando a medias al gobierno mexicano– para capturar y lograr la deportación o de plano secuestrar a esos dos capos, entre otros de la lista estadunidense. En 1989, días después de la caída del Muro de Berlín y del inicio del desmantelamiento del eje comunista soviético, los EE. UU. de Bush Sr. invadieron Panamá para capturar y secuestrar al jefe militar Manuel Antonio Noriega, por cierto, agente de la CIA reclutado en 1976 por el entonces director de la agencia, nada menos que George Bush Sr.

En este sentido, el asunto Cienfuegos debe deslindarse del contenido oficial de la acusación y evaluarse en función de las variables estratégicas: un jefe militar, una estrategia mexicana blanda contra los narcos y aumento en el tráfico de drogas a los EE. UU. con responsabilidad mayor de funcionarios estadunidenses corrompidos por los cárteles para inundar todo el país americano con droga para sus 60 millones de consumidores detectados y muchos millones más sin acreditar.

Por ello habrá que enfocar el asunto Cienfuegos desde la óptica de la seguridad nacional estratégica de los EE. UU. para doblegar a México, quitarle al gobierno actual la dirección de la lucha contra el crimen organizado y debilitar la institución militar que es el eje de la lucha contra la delincuencia en situación de crisis de la seguridad interior y colocar a las oficinas de inteligencia y seguridad nacional civiles, militares y privadas de los EE. UU. al frente del combate a los cárteles mexicanos.

Zona Zero

· De acuerdo con el informe de seguridad mensual presentado por el subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, los dos años de estrategia de construcción de la paz lograron aplanar la curva ascendente de homicidios dolosos, quizá el renglón más visible de la crisis de seguridad: durante el periodo 2015-2018, el promedio de crecimiento de los homicidios fue de 1.7%, contra 0.1% en 2019 y -0.02% en enero-octubre de 2020.

· Los primeros indicios revelan que el equipo de inteligencia y seguridad nacional de Joe Biden estará formado por expertos de los gobiernos de Bush Jr. y Barack Obama y varios de los despedidos por Trump por no someterse a sus caprichos. Se trataría de funcionarios forjados en el enfoque terrorista del crimen organizado que han laborado en el sector desde 2001. Y para entender la doctrina de seguridad nacional habrá que revisar el acta de seguridad nacional de 1947 que es el núcleo dinamizador de los EE. UU. como imperio,

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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