Seguridad desde la 4T: ya chale con Calderón; es excusa

El debate sobre la estrategia de seguridad en el gobierno actual está alcanzando ya
sentido crítico hacia el interior de la 4T. Una voz muy reconocida que ha participado
inclusive con opiniones en el diseño de estrategias lanzó el pasado jueves 6 de noviembre
un mensaje muy claro de que ya no es posible ni redituable culpar a Calderón de la crisis
de violencia delictiva.
El especialista Carlos A. Pérez Ricart, en su artículo semanal en el periódico
Reforma, fue muy claro a decir que Calderón y García Luna –uno en el exilio y otro en la
cárcel– desde 2012 dejaron de ser eficaces para explicar las violencias cotidianas. Y desde
el reconocimiento confesado de que “quienes miramos con simpatía el proyecto de la
4T”, concluyó que habría que responder a una pregunta muy sencilla “e inevitable”: “si
todo sigue siendo culpa de 2006, ¿para qué queríamos el 2018?”
Dentro del espacio político e intelectual Pérez Ricart representa una voz muy
autorizada, con un libro sobre las policías en la capital de la república (Siglo XXI Editores) y
otro que indaga un siglo de espías y drogas (Debate). En este sentido, su artículo acomoda
las piezas en el escenario de tiempos históricos reales y concluye que “ya es hora de
admitirlo: García Luna dejó de ser explicación para convertirse en excusa”.
Ensayista de temas de seguridad –participó además en la comisión de la verdad
sobre crímenes políticos del pasado–, el analista dice con simpleza que “ha llovido mucho
desde 2006: tres presidentes, seis secretarios de seguridad y miles de muertos y
desaparecidos después, seguimos hablando de los mismos culpables”.
La estrategia de responsabilizar al presidente Calderón Hinojosa y a su secretario
García Luna tienen otro escenario coyuntural más actual y con su propia lógica de tiempo

gubernamental histórico. “Las explicaciones que confunden legado con responsabilidad
transforman la historia en un espejo empañado”. Agrega que la pedagogía política que
culpa al pasado “hace tiempo dejó de educar y empezó a anestesiar. Ya no sirve ni para
blindar la moral del presente. En cambio, se ha vuelto un estribillo”.
Y desde su posición actual de “quienes miramos con simpatía el proyecto de la 4T
habremos de reconocer: 19 años después, el argumento se agotó. García luna está preso;
Calderón está lejos; los muertos en cambio sígueme aquí”.
El análisis de Pérez Ricart puede interpretarse como una especie de reclamo
solidario de un simpatizante de la 4T que siente que a los gobiernos de López Obrador y
Sheinbaum Pardo ya no les alcanza el argumento de responsabilizar al pasado, porque, en
efecto, los dos titulares morenistas del Ejecutivo federal asumieron la presidencia de la
República para fijar no solo responsabilidades del pasado sino hacerse cargo de manera
muy formal de todo lo que se haga o deje de hacerse desde el 1 de diciembre de 2018.
Y el análisis también lleva a otra conclusión: si Calderón y García Luna son
responsables de la crisis de seguridad en el escenario específico del asesinato del alcalde
michoacano Carlos Manzo, entonces se tendrían los argumentos para pasar de una
acreditación política de responsabilidad a una averiguación previa y no tanto por
ineficacia o fracaso de la estrategia sino como responsables directos de los asesinados en
los dos últimos sexenios.
La lectura del análisis de Pérez Ricart lleva a evaluaciones muy interesantes: las
estrategias de seguridad de Calderón, Peña, López Obrador y Sheinbaum Pardo no han
obtenido los resultados esperados a partir de los criterios de que cada uno de los cuatro
tuvo a iniciar su sexenio todo el poder casi absoluto para definir políticas contra la
expansión de los cárteles y bandas delictivas que se apoderaron de espacios territoriales
que le corresponden a la soberanía del Estado y que se dispararon delitos y asesinatos
desde el 1 de diciembre de 2006 a la fecha.
La presidenta Sheinbaum Pardo tiene –inclusive por encima del brutal asesinato
del alcalde Manzo– el poder político suficiente –ante la incapacidad de la oposición– para
definir una nueva estrategia de seguridad propia que obedezca a una realidad inocultable:

los cárteles del narcotráfico y las bandas delictivas se aprovecharon de la falta de certeza
de los gobiernos posteriores a Calderón para fortalecerse y asentarse en territorio que le
pertenece al Estado y que hoy configuran zonas francas de control por parte del crimen
organizado.
Calderón y Peña lanzaron una guerra contra el narcotráfico y López Obrador
definió la estrategia de “abrazos, no balazos” y ninguna de esas decisiones disminuyó los
actos delictivos y sí potenció la expansión de cárteles y bandas. Ahí debe estar el punto de
partida de la nueva estrategia, sobre todo porque las protestas por el asesinato del
alcalde de Uruapan se están convirtiendo en una bola de nieve que podría atropellar las
elecciones legislativas de 2027 y las presidenciales del 2030.

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Política para dummies: la política debe ser la garantía de la seguridad Interior.
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