Sedatu no negociará con supuestos dueños de predios de nuevo aeropuerto

MÉXICO, 24 de julio 2020.- Para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), las 617 hectáreas que prevé entregar a comuneros de San Miguel Xaltocan no están sujetas a ninguna negociación.

Estela Ríos González, directora de Propiedad Rural de la dependencia, afirmó que, si un juez concede un amparo a quien reclame la propiedad de los predios aledaños a Santa Lucía, la entrega de terrenos se frenaría de forma automática.

Excélsior dio a conocer el miércoles que la Sedatu cedería terrenos que tienen dueños, pues uno presentó una lista con nombres de 19 propietarios y un plano catastral de predios.

La funcionaria reconoció que se encontraron claves catastrales durante la investigación para determinar si dichas tierras tenían propietarios y poder hacer la declaratoria de terrenos nacionales.

Sin embargo, a pesar de que se publicaron edictos para darles derecho de audiencia sobre el proceso, nadie compareció. “La situación es que los registros catastrales no acreditan la propiedad, no son el medio legal para acreditar la propiedad”, dijo.

Sedatu no negociará terrenos de Xaltocan

Estela Ríos, directora de Propiedad Rural de esa secretaría, dijo que el gobierno es respetuoso de la propiedad privada y social y a quien acredite pertenencia de esas tierras se le entregarán, lo que impediría incumplir el compromiso con los comuneros.

Las 617 hectáreas de San Miguel Xaltocan, que la Sedatu contempla entregar a 722 comuneros de ese poblado indígena, no están sujetas de ninguna negociación, afirmó la directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Estela Ríos González.

La afirmación de la funcionaria federal fue hecha en el contexto de la aparición de un grupo de personas que reclama la propiedad de esa extensión de tierra con documentos que datan de hace más de medio siglo y que esa secretaría declaró como terrenos nacionales, el 26 de abril de 2019.

Ríos González afirmó que si un juez concede un amparo a cualquiera de las personas que reclaman la propiedad del predio aledaño a donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la entrega de 617 hectáreas a los comuneros se frenaría de forma automática.