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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2020. — Según la cuenta pública de 2019, la Secretaría de Salud dejó de gastar mil 472 millones de pesos y el gobierno cambió el 17 por ciento de su presupuesto de lugar, señala Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En un análisis presentado este jueves, la organización refiere que para nadie es ya un secreto que el Poder Ejecutivo posee una gran capacidad para redireccionar a voluntad el gasto público después de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es aprobado por la Cámara de Diputados. Gracias a un andamiaje legal que anula de jure y de facto a los legisladores durante la ejecución del gasto público mediante las adecuaciones presupuestarias, el presidente mexicano posee uno de los poderes presupuestarios con menos contrapesos y controles de los que existen en cualquier otra democracia del mundo.
La mejor evidencia de ello se encuentra en el análisis de la Cuenta Pública, que es el documento que cada 30 de abril entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los diputados y que detalla cómo gastó realmente el gobierno durante el año previo. Su inspección detallada corresponde legalmente a los legisladores y, en particular, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que realiza el proceso de fiscalización para vigilar el ejercicio de los recursos públicos. Las conclusiones finales de dicha tarea no se conocerán sino hasta febrero del próximo año, por lo que es necesario recordar la importancia de que la ciudadanía también se acerque a la Cuenta Pública para tener una mejor idea de qué hizo realmente el gobierno con nuestro dinero.
Dado que en este documento se encuentran los detalles de todo el gasto del gobierno, es imposible capturar y explicar en unas cuantas líneas todos los fenómenos ahí documentados. Dicha tarea tendrá que ser realizada a profundidad más adelante, por lo que en este momento sólo me concentraré en los hallazgos principales. El primer elemento a destacar es que en 2019 se dio una ruptura con un hecho que ya era una costumbre: por primera vez el gasto total fue inferior a lo que había sido considerado en el PEF.
A diferencia de años anteriores, en los que el gasto real siempre terminaba superando lo que había sido planificado, en 2019 fue la primera ocasión en que hubo una diferencia negativa de 23 mil 618 millones de pesos, equivalente a -0.4% de lo presupuestado. Más que una decisión voluntaria, este hecho se encuentra profundamente relacionado con un pobre desempeño económico en 2019, evidente en la contracción de 0.1% en el PIB, y que llevó a una caída de los ingresos del gobierno.
Este desplome llevó incluso a que el gobierno tuviera que echar mano de 43 por ciento de los ahorros presentes en el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Puede notarse que en el PEF de 2019 se estimaba un gasto superior al de 2018 que, sin embargo, terminó siendo inferior por la vía de la realidad económica adversa.
La segunda observación importante es que, a pesar de que el gasto total se redujo, eso no significa que todas las áreas, programas y proyectos del gobierno sufrieran recortes. Por el contrario, la posibilidad de reasignar el presupuesto sin intervención legislativa permite hacer unilateralmente movimientos importantes de recursos para llevarlos a las prioridades del gobierno.
Esta capacidad no es menor. La Cuenta Pública revela, por ejemplo, que durante 2019 dentro del Poder Ejecutivo se llevaron 753 mil 540 millones de pesos (equivalentes a 17 por ciento de su presupuesto) a otros destinos diferentes a los establecidos en el PEF, además de que en total se gastaron 79 mil 988 millones adicionales a los presupuestados. Para tener una dimensión del tamaño de estos movimientos, sirva de contraste que el presupuesto de todo el gobierno de la Ciudad de México para ese año fue de 234 mil millones, es decir, el Poder Ejecutivo reasignó recursos equivalentes a más de tres veces el total de gasto público de la capital.
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