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QUERÉTARO, Qro., 29 de marzo de 2021.- La 59 Legislatura local votó a favor el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de eliminar la “partida secreta”.
El priista Hugo Cabrera Ruiz reprobó que por un lado se busca generar la imagen de transparencia, pero por otro el gobierno federal entrega los recursos de manera discrecional y el 80.3% de los contratos los ha entregado por adjudicación directa.
También dijo que los diputados federales han sido muy permisivos, cual si fueran subordinados del presidente.
Tampoco ha dicho el gobierno federal algo sobre las casas del titular de la CFE y de contratos otorgados a familiares del Presidente de la República en PEMEX y el IMSS. Tampoco se ha aclarado por qué el hermano del Presidente recibió recursos de manera directa.
“Otorgamos una vez más el beneficio de la duda y ojalá a partir de que esté escrita en nuestra Constitución la eliminación de la partida secreta también se elimine el manejo discrecional, poco transparente de los recursos que tiene el gobierno”, declaró Cabrera Ruiz.
Erigida en Constituyente Permanente, la Legislatura avaló el decreto, en el cual se establecía que la “partida secreta es una vieja institución del sistema político autoritario que prevaleció por muchos años en nuestro País, cuando no existía transparencia, fiscalización efectiva o rendición de cuentas. Bajo condiciones de democracia y de garantía plena a los derechos humanos, tal como lo determina el artículo primero de nuestra Carta Magna, es inaceptable su continuidad.”
También avaló el Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el nombre de Veracruz aparezca como Veracruz de Ignacio de la Llave y el del Michoacán como Michoacán de Ocampo.
Los diputados rechazaron la iniciativa de decreto para reformar el artículo 73 constitucional en materia de seguridad privada. La decisión de rechazar la iniciativa se tomó con 15 votos a favor 5 en contra y 4 abstenciones.
Se estableció que con la reforma para que el Congreso expida una ley general en materia de seguridad privada, regule a los prestadores de servicio y coordine las labores entre los prestadores, federación, estados y municipios “no resuelve nada en particular, sino que únicamente atribuye facultades plenipotenciarias en la materia al Congreso de la Unión, sin que exista ningún punto de límite y respeto a las facultades que hoy tienen los Estados”.