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QUERÉTARO, Qro., 4 de mayo de 2020.-Las reformas al Código Penal del Estado de Querétaro, derivadas de la contingencia sanitaria, tienen sustento legal, social y político, así como un consenso partidista, con el objetivo de promover un comportamiento solidario, sostuvo el secretario de gobierno estatal, Juan Martín Granados.
Esto luego de que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que las reformas al Código Penal de Querétaro atentan contra los derechos humanos y contravienen los principios constitucionales.
Añadió que las reformas fueron aprobadas por 24 diputados integrantes de todas las bancadas y que están diseñadas sobre tres ejes jurídicos sustentados en un ánimo de orden social para promover la solidaridad.
Ello a fin de sancionar la violencia familiar, a las personas contagiadas de Covid-19 que no respeten la cuarentena y a quien agreda a personal médico.
Explicó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que en tiempos de pandemia las autoridades pueden generar una limitación o restricción a los derechos fundamentales bajo los criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad.
Por lo cual, señaló que aunque respeta la opinión de las personas, a quien no le parezca puede llevar el tema a litigio para discutir los argumentos y la razones jurídicas ante los Tribunales Federales.
Recordó que aún se está a la espera de que se remita el documento legislativo de dichas reformas para que el gobernador apruebe su publicación en la Sombra de Arteaga para su vigencia obligatoria.
La Secretaría de Gobernación hizo un llamado a los Congresos federal y locales, así como a los poderes Ejecutivo y Judicial, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria.