Reforma de nacionalidad única cambiaría acceso a Presidencia y gubernaturas

QUERÉTARO, Qro, 26 de septiembre de 2026.- La reforma constitucional de nacionalidad única aprobada por la Cámara de Diputados plantea un nuevo requisito para quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: contar únicamente con nacionalidad mexicana.

La modificación, que todavía debe ser discutida por el Senado, fue aprobada en San Lázaro con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general; en lo particular obtuvo 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. El dictamen fue turnado a la Cámara alta.

De concluirse el proceso constitucional, la medida comenzaría a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028. El cambio no eliminaría el derecho de las personas mexicanas a conservar una segunda nacionalidad; la restricción estaría dirigida específicamente a quienes aspiren a los tres tipos de cargos establecidos en la reforma.

La principal implicación política sería modificar los requisitos de elegibilidad para los cargos ejecutivos de mayor nivel en el país. Una persona que actualmente pueda conservar legalmente su doble nacionalidad tendría que cumplir con el nuevo requisito para competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, si la reforma entra en vigor en los términos aprobados.

El cambio también tendría efectos sobre quienes ya cuenten con una trayectoria política o administrativa y posean otra nacionalidad, ya que tendrían que resolver esa condición antes de participar en procesos electorales sujetos a la nueva disposición.

Otro elemento relevante es que la reforma no entra en vigor únicamente por haber sido aprobada por los diputados. Al tratarse de una modificación constitucional, aún requiere completar el procedimiento legislativo correspondiente, incluida la discusión en el Senado y las etapas posteriores previstas para las reformas a la Carta Magna.

De aprobarse sin cambios sustanciales y cumplirse el régimen transitorio, el primer proceso electoral afectado sería el de 2028. Esto colocaría el requisito de nacionalidad única en la preparación de las próximas candidaturas para gubernaturas y, posteriormente, en la elección presidencial de 2030.

El debate legislativo se centra así en el alcance del requisito para ocupar cargos públicos, mientras que la doble nacionalidad como derecho de las personas mexicanas no desaparece con la propuesta aprobada por los diputados.