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QUERÉTARO, Qro., 17 de junio 2021.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 59 Legislatura local rechazó la iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
La propuesta buscaba adicionar el artículo 33 TER, ingresado por la diputada del PRI Guadalupe Cárdenas Molina, para garantizar jornadas de trabajo flexible y que la principal preocupación de los centros de trabajo, en situaciones como la pandemia, deberá priorizarse la salud del personal y sus familias, adultos mayores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
La iniciativa de ley buscaba beneficiar a quienes laboran en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
La iniciativa contó con dos votos en contra y uno a favor; los primeros por los diputados panistas José González Ruiz y Santiago Alegría Salinas; el último por parte del diputado presidente de la Comisión, el morenista Néstor Domínguez Luna.
González Ruiz estimó que las medidas que en ella se refieren ya fueron tomadas en cuenta por las autoridades y las empresas, de tal forma que aprobar la iniciativa resultaba innecesaria.
Domínguez Luna aclaró que la iniciativa únicamente podría impactar a las instancias gubernamentales.
Estimó que sí resulta necesario dejar en ley lo que se debe hacer en caso de emergencias sanitarias, para evitar que los trabajadores deban esperar a que se emita un decreto.
En la sesión se votó a favor una iniciativa de acuerdo para exhortar a la USEBEQ a que asegure respetará el respeto al derecho de pensión por vejez y muerte de sus trabajadores.
El exhorto derivado de que, tras una reforma, son los entes, no la Legislatura, los responsables de analizar las solicitudes de jubilaciones y pensiones.
Domínguez Luna indicó que, de manera reiterada, se le reportaba la negativa de la USEBEQ para aceptar pensionar a quienes laboran en dicha instancia.
En los reportes se le informó que las solicitudes llegaron a detenerse hasta por dos años, cuando la ley establece que la respuesta debe emitirse en un máximo de 10 días.
Que los responsables decían que estaban detenidas “por órdenes de arriba”; cuando se obtenía la respuesta, era en sentido de rechazo, por lo cual los trabajadores debían recurrir a los juicios de amparo.
Consideró absurdo que no tengan los mismos derechos, cuando sí tienen las mismas obligaciones y que se les haga esperar para respuestas cuando la USEBEQ directamente autorizó la pensión de quien fue coordinador de esa instancia y diputado local, Jaime Escobedo.