Raúl Morón y la conveniencia política…

La comparecencia del senador Raúl Morón Orozco ante la Fiscalía General de Michoacán, en calidad de testigo dentro de las investigaciones por el magnicidio de Carlos Manzo, dejó una declaración que merece una reflexión profunda.

Afirmó que esperaba que con su presentación ante el Ministerio Público pudiera cerrarse la carpeta de investigación. También sostuvo que los señalamientos en su contra han afectado su honor, su imagen pública y a su familia.

Nadie puede minimizar el impacto que una acusación pública tiene sobre una persona y sus seres queridos. En un Estado de derecho, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a defender su reputación.

Sin embargo, el centro de esta historia no es Raúl Morón. Es Carlos Manzo.

El centro de esta historia es un alcalde asesinado. Es una viuda que sigue esperando respuestas.

El centro de esta historia es una sociedad que exige conocer toda la verdad. Es un país completo, harto de impunidad.

Por eso resulta difícil compartir la idea de que el caso pueda cerrarse simplemente porque un actor político acudió a declarar ante la Fiscalía.

La respuesta de Grecia Quiroz fue contundente: “qué bueno fuera que presentándose a la Fiscalía se cerrara el caso Carlos Manzo y ya se supiera quién lo mandó matar”.

Y tiene razón en algo fundamental: el expediente no se cerrará cuando comparezcan todos los testigos. Se cerrará cuando se esclarezcan los hechos.

Hasta este momento, las propias autoridades han informado sobre decenas de detenidos, autores materiales identificados, operadores criminales capturados y funcionarios investigados por presuntas filtraciones. Sin embargo, prevalecen líneas de investigación abiertas y personas señaladas por las autoridades que permanecen prófugas.

La pregunta que sigue pendiente para Michoacán es la misma desde el primer día: ¿quién ordenó el asesinato de Carlos Manzo?

Mientras esa pregunta no tenga una respuesta definitiva, hablar de cerrar el caso resulta prematuro… y sospechoso.

Además, existe un elemento político que tampoco puede ignorarse.

Raúl Morón es una de las figuras más visibles de Morena en Michoacán y uno de los aspirantes naturales a disputar la gubernatura en 2027. Cada nueva declaración, cada filtración, cada comparecencia y cada referencia al caso tiene inevitablemente repercusiones en su proyecto político.

Por ello, cuando el senador habla de los daños causados a su honor y a su familia, es válido reconocer esa preocupación. Lo que resulta cuestionable es colocar esa afectación personal por encima del reclamo de justicia de una familia que perdió a uno de sus integrantes de manera irreversible.

La diferencia es evidente. La reputación puede recuperarse. Una candidatura puede reconstruirse.

Una carrera política puede reinventarse. La vida de Carlos Manzo no.

Por eso el principal ejercicio de empatía no debería dirigirse hacia quienes consideran afectada su imagen pública, sino hacia quienes siguen esperando justicia.

La sociedad michoacana tiene derecho a conocer la verdad completa, independientemente de a quién beneficie o perjudique políticamente.

Cerrar el caso porque alguien ya declaró sería una salida cómoda.

Resolverlo plenamente sería hacer justicia. Y entre ambas cosas existe una diferencia enorme.

La Fiscalía tiene la obligación de seguir investigando hasta agotar todas las líneas posibles. Los ciudadanos tienen derecho a exigirlo. Y los actores políticos tienen la responsabilidad de entender que este caso no gira alrededor de sus aspiraciones personales, sino alrededor de uno de los crímenes políticos más graves en la historia reciente de Michoacán.

El expediente Carlos Manzo no debe cerrarse cuando le convenga a alguien.

Debe cerrarse cuando la verdad quede plenamente acreditada…