QUERÉTARO, Qro., 18 de octubre de 2021.- Querétaro está obligado a respetar el Acuerdo de Escazú, el cual se creó para lograr el acceso a la información, participación, justicia y protección al medio ambiente, ya que fue ratificado por el Senado de la República y México está obligado a respetarlos tratados internacionales, recordó la ambientalista queretana Pamela Siurob.

“Se ha luchado mucho por lograr el Acuerdo de Escazú. Se firmó en 2018 y e l5 de noviembre fue ratificado en el Senado de la República para entrar en vigor el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, esto es importante, ya que los acuerdos internacionales que ha firmado México se respetan al nivel de la Constitución”, recordó Pamela Siurob.

El 4 de marzo de 2018, 24 países de América latina y El Caribe lograron una propuesta a la que llamaron el Acuerdo de Escazú, con la que se busca garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano.

“El acuerdo tiene cuatro pilares fundamentales: el acceso a la información ambiental, la cual los gobiernos están obligados a dar a conocer; el acceso a la participación e involucramiento de la sociedad, garantizar la justicia ambiental y proteger a los ambientalistas que han sido agredidos y asesinados para acallarlos en su lucha por proteger el medio ambiente”, resumió la ambientalista queretana.

Pamela Siurob agregó que se deben incrementar los instrumentos a favor de la protección ambiental, revisar las leyes federales, estatales y los reglamentos para cumplir con el principio de progresividad constitucional.

“Tenemos acceso a cierta información por medio de las páginas oficiales, pero no es suficiente. De no existir, la autoridad debe hacerlo, ya que, como comentan los Acuerdos de Escazú, están obligados a compartir la información ambiental, ya no es una concesión, es una obligación. Si son omisos o quieren ocultar información, podrían ser sancionados”.

El Acuerdo de Escazú indica que cualquier persona puede solicitarle a su gobierno información sobre el medio ambiente, como el estado de contaminación del agua en su país o las afectaciones que pudiera causar una mina.

El Acuerdo de Escazú (Costa Rica) compromete a las autoridades de los 24 países, incluido México, a responder en un plazo de 30 días sobre el cuestionamiento ciudadano, además de que debe generar plataformas en las que, de forma clara y transparente, cualquier persona pueda consultar abiertamente sobre temas de impacto ambiental y realizar consultas a las personas que puedan ser afectadas.

“El acuerdo faculta a los ciudadanos a denunciar en tribunales alternativos si su derecho a solicitar información o a participar no es respetado”, compartió Siurob

Con información de AM de Querétaro