PRI pide investigar a funcionarios por corrupción  

QUERÉTARO, Qro, 26 de agosto de 2026.-La presidenta del PRI en Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, llamó a fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar posibles actos de corrupción y delitos, sin importar el partido político, cargo o nivel de influencia de las personas involucradas.

Al referirse a los señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico, corrupción y protección a integrantes del crimen organizado, la dirigente priista sostuvo que cualquier acusación de esta naturaleza debe ser investigada de manera profunda, transparente y con coordinación entre las instituciones.

Arredondo Ramos consideró que ante señalamientos graves la respuesta de las autoridades debe ser la investigación y la rendición de cuentas, y no el encubrimiento, al tiempo que destacó la necesidad de contar con organismos autónomos capaces de actuar sin intereses partidistas.

Respecto a la propuesta del gobernador Mauricio Kuri González para establecer mecanismos adicionales de revisión a quienes aspiren a una candidatura, afirmó que el PRI Querétaro está dispuesto a respaldar medidas que permitan garantizar que quienes busquen un cargo de elección popular cuenten con perfiles íntegros.

Sin embargo, planteó que la revisión de la integridad de los servidores públicos no debe limitarse a los procesos electorales. Señaló que también deben existir mecanismos para actuar cuando un funcionario en ejercicio sea investigado por posibles actos de corrupción, delincuencia organizada u otros delitos graves, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

La legisladora federal recordó que actualmente existen mecanismos electorales como la declaración “8 de 8 contra la violencia”, aunque consideró necesario ampliar las herramientas institucionales para prevenir y combatir actos de corrupción.

Entre sus propuestas, planteó modificar los procedimientos para la designación de titulares de contralorías, fiscalías y organismos encargados de combatir la corrupción, con el propósito de privilegiar perfiles profesionales y con independencia política.

También propuso establecer mecanismos permanentes de vigilancia con participación ciudadana, incluida la posibilidad de crear una figura especializada en materia anticorrupción, así como procedimientos claros y ágiles para actuar frente a servidores públicos que enfrenten investigaciones.