Policía española vincula al capo Mono Muñoz con funcionarios mexicanos

MÉXICO, 24 de octubre del 2016.- Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz, presunto enlace del grupo criminal de Los Zetas en Europa, mantiene estrechas relaciones con importantes políticos y funcionarios de la Justicia de México, según asegura un informe de la Policía española al que ha tenido acceso EL PAÍS y que recoge numerosas intervenciones telefónicas grabadas al narcotraficante durante varios años en España. Muñoz fue detenido el pasado 18 de marzo en su lujosa casa de Madrid donde residía hacía varios años y desde donde coordinaba presuntamente la entrada de cocaína que la organización coloca en Europa. Las autoridades de EE UU han solicitado su extradición, informó El País.

El informe policial no puede ser más rotundo: “A lo largo del periodo de intervención telefónica se ha puesto de manifiesto la proximidad de Juan Manuel Muñoz a la política y a la administración de Justicia mexicana. En relación con la política mexicana se encuentra muy relacionado con determinadas personas que desempeñan cargos en la administración municipal y regional, como es el caso de alcaldes o congresistas del Estado de Coahuila, así como candidatos a ocupar cargos”. “En relación con la administración de justicia se pone de manifiesto la relación de este (Muñoz) con procuradores y ex procuradores como Homero Ramos (procurador de Coahuila), Adrián de la Garza (procurador de Nuevo León) o Torres Charles (ex procurador de Coahuila). La influencia de esta persona en la vida política del Estado de Coahuila se extiende hasta el punto de intentar amedrentar al actual gobernador, Rubén Moreira, con informaciones reservadas que tiene en su poder”, señala textualmente.

El primer ejemplo que citan los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal recoge una conversación del 27 de mayo de 2014 en la que se pone de manifestó la relación de Muñoz con Alejandro Froto García, que fue subsecretario de Hacienda en el Gobierno de Humberto Moreira, ex presidente del PRI. Según la conversación y la interpretación policial de la misma, el político “le solicita un préstamo de 10.000 pesos [sic] para la reparación de su barco”.

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