PGR se niega a colaborar con CNDH en caso Palmarito; dan recomendación

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2018.- Los enfrentamientos armados ocurridos en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, entre personas civiles dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos contra efectivos militares y servidores públicos federales y estatales, derivaron en la perdida de la vida 10 personas -6 civiles y 4 militares-; 26 resultaron lesionadas -14 civiles y 12 militares- 13 más fueron detenidas -9 adultos y 4 menores de edad-, por lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las correspondientes carpetas de investigación, a lo que dicha autoridad se negó, lo que se traduce en falta de colaboración de dicha instancia con este Organismo Constitucional Autónomo en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad.

De acuerdo a un comunicado, tras su investigación, la CNDH contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, lo que motivó la emisión de la Recomendación 12VG/2018.

También se acreditaron otros hechos violatorios, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad atribuibles a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP,) estos tres últimos del Estado de Puebla. La CNDH observa con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso.

Ello, con independencia de la marginación y rezago que privan en comunidades de la “Franja del Huachicol” y falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes, disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad.

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