Páramos de inseguridad/Felipe de J. Monroy

No hay empresa legal cuyo crecimiento sea realmente nocivo para México; pero cuando existe una explosión desmedida de ciertos negocios es evidencia de que existen graves fallas en el desarrollo del país en tres particulares áreas de la Nación: la educación, la salud y la seguridad. En México, si estos tres rubros crecen sin control en la iniciativa privada, significa que hay problemas más graves que su regulación.

Es el particular caso de la seguridad pública. Sabemos que la violencia y el crimen en México son un problema que no sorprende a nadie. Desde hace ya más de una década sumamos entre 60 y 80 homicidios dolosos diarios; en los mejores momentos registramos 53 y en los peores hemos llegado a 117 pero nos mantenemos en esos márgenes.

Esto nos ha colocado entre las posiciones 138 y 144 de las 163 naciones que revisa el Gobal Pax Index bajo una compleja metodología de bienestar, seguridad y procuración de justicia. Por su puesto, habitamos el vecindario oscuro e impune del ranking mundial.

Para los expertos en seguridad pública hay recomendaciones muy claras para los países en esas circunstancias. No sólo es inversión en armamento o en estructuras operativas; la sugerencia central pasa principalmente por fortalecer las responsabilidades de la participación ciudadana en y para la seguridad pública. Es decir, mientras la ciudadanía no esté involucrada en la seguridad con una cercana y permanente vigilancia, francamente no podrá haber una mejoría en los cuerpos de seguridad ni en la pacificación de la sociedad.

Las responsabilidades ciudadanas no sólo deben vigilar y condenar las tendencias a la corrupción que pueda haber al interior de las corporaciones policiacas sino dar seguimiento y tener conocimiento de las normativas, los alcances, abusos o limitaciones de dichas instituciones.

A todas luces, esa responsabilidad cívica ha sido una quimera en México. La sociedad se ha rendido y ha preferido contratar seguridad privada antes que confiar en la seguridad pública. En 1983 existía solamente una empresa de seguridad en el país y hoy hay más de 7 mil 500; más de la mitad no están en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad y apenas el tres por ciento tienen certificaciones o evaluaciones profesionales sobre sus elementos de seguridad privada.

Hoy podemos voltear a casi cualquier espacio industrial, empresarial, de oficinas e incluso zonas habitacionales en el país y veremos a cuerpos de seguridad privada en también muy desconocidas circunstancias laborales. Es decir, incluso en los cuerpos privados de seguridad (aunque algunos de estos servicios tienen más elementos, más herramientas y más recursos que no pocos cuerpos policiacos municipales) también fallamos en conocer las verdaderas normativas, los alcances, abusos o limitaciones de estos negocios.

Y esto lleva a una reflexión final: En el primer día de trabajo del gobierno federal este 2019 se divulgó un video promocional que invita a los jóvenes mexicanos a enlistarse en la Guardia Nacional. Aún no hay ninguna normativa ni marcos legales de dicha agrupación pero es un hecho que no pocos jóvenes verán en ella una oportunidad para salir del tedio de no tener oportunidades de estudio o de trabajo.

Tener nuevos o diferentes cuerpos de seguridad en México jamás ha sido el problema, hay suficiente necesidad para integrar los más alucinantes proyectos de fuerza pública. El dilema constante es conocer los marcos legales y normativos, de operación y responsabilidades, de derechos humanos y de límites a las responsabilidades cívicas para vigilar el correcto funcionamiento de los mismos.

De esto se debería discutir en las próximas semanas. ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil en la vigilancia de los cuerpos policiacos y de la seguridad ciudadana? Especialmente en la constitución de la Guardia Nacional del presidente López Obrador. Porque si la ciudadanía no tiene acceso, ni voz para vigilar y construir mejores instituciones públicas en el país, continuaremos en estos páramos de inseguridad e incertidumbre, detrás de lo que nuestro bolsillo pueda pagar para protegernos, inquietos porque también habremos de dudar del profesionalismo o de las lealtades de nuestro servicio privado.

@monroyfelipe