INAI se pronuncia abierto al diálogo para debatir iniciativa de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO. 8 de febrero de 2023.-El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar información relacionada con las denuncias presentadas por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa.
“Elegí exponer públicamente este recurso de revisión, debido a que es un tema de interés público para el país, pues está relacionado con presuntos actos de corrupción en dependencias gubernamentales de la actual administración federal. El asunto de Segalmex ha sido señalado como un caso de corrupción, incluso, mayor al de la Estafa Maestra en el sexenio pasado. Esto no es menor, ya que, desde los inicios del actual gobierno, el combate frontal a la corrupción ha sido una de las principales promesas y compromisos”, subrayó la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Al presentar el asunto ante el Pleno, la Comisionada compartió que, a cuatro años de existencia como organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a Segalmex se le relaciona con posibles hechos de corrupción por el presunto desvío de 9 mil 500 millones de pesos, motivo por el cual las autoridades investigan a 29 servidores públicos y 28 personas morales; además, la dependencia ya ha presentado 30 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, así como otras ocho más, ante otras instancias como la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con su actual Director General; además de que ha estado bajo el escrutinio de autoridades fiscales y judiciales.
Una persona requirió FGR, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 10 puntos de información relacionados con un comunicado oficial donde se dice que existen 38 denuncias presentadas ante esta Fiscalía por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.
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