Oraciones a San Lázaro/Ernesto Zavaleta

La confianza que los mexicanos muestran en las encuestas del INEGI o privadas por el ejército y la marina, no sustituye la letra de la Constitución, no hace legal su participación en tareas que la Carta Magna restringe para civiles, incluyendo la seguridad pública.

Y menos aún entregar a las fuerzas armadas del mayor presupuesto en su historia, alrededor de 330 mil 989.3 millones de pesos para sus tareas en el 2023, incluyendo Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Tren Maya y otras labores, sin considerar la administración y distribución de alrededor de 600 mil millones de pesos de los programas sociales.

Catalina Pérez Correa, docente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que entre 2006 y 2021 se le han entregado a las Fuerzas Armadas 246 funciones civiles a las Fuerzas Armadas, la mayoría entregadas de 2019 a 2022, y 140 de ellas tienen una asignación presupuestal considerada para el 2023 que esta semana se discute en la Cámara de Diputados

Durante el XIV “Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, Derechos Humanos: Las deudas, capacidades y voluntades del Estado”, organizada por el ITESO Universidad jesuita de Guadalajara, la académica explicó que los militares no sólo suplen funciones civiles en seguridad sino también en salud, educación, obras públicas, administración de aeropuertos, programas sociales, actividades bancarias, programas turísticos, distribución de alimentos y medicinas y muchas otras tareas.

Esgrimir esos porcentajes de validación es un discurso falaz del gobierno de la 4T para justificar una ilegal militarización, cada vez más profunda y extendida, en las tareas de gobierno y en la vida civil del país, los militares tienen señaladas sus responsabilidades muy claramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 129 constitucional:

“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

La Carta Magna también marca las limitaciones que el presidente, como Jefe Supremo de las fuerzas armadas, tiene para convocar o asignar tareas a los militares como dice el artículo 89 de la Constitución sobre las facultades del Ejecutivo Federal, en su  párrafo VI:

“Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Ninguno de esos preceptos legales cumple el Ejecutivo, a ninguno ha respondido con acciones el Legislativo y decenas de controversias constitucionales derivadas de esas violaciones esperan ser analizadas por el Judicial.

También es responsabilidad y obligación de los encargados de las secretarías de la Defensa (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán; Fuerza Aérea Mexicana (FAM), José Gerardo Vega Rivera, y la ahora también considerada parte de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio, acudir a las comparecencias a que sean citados por alguna o ambas cámaras del Congreso de la Unión, y responder los cuestionamientos de los legisladores, en su carácter de representantes ciudadanos.

Si bien ocho de cada diez mexicanos encuestados consideran que la labor del ejército y la marina es efectiva o muy efectiva; seis de cada diez apoyan el funcionamiento de los militares en la  Guardia Nacional, y al menos el 45% están de acuerdo en que los soldados y marinos permanezcan en las calles hasta 2028, ninguna de esas cifras considera la inconstitucionalidad en la que incurre el gobierno al aumentar la presencia administrativa y el poder político de las fuerzas armadas.

Como tampoco son pretexto ni justifican el desdén y falta de respeto mostrados ante los senadores por los titulares de la Sedena, Semar, FAM y GN, quienes simplemente se negaron a comparecer ante los legisladores o respondieron citando a grupos parlamentarios a sus oficinas en las sedes militares.

Y al asistir a la sesión plenaria del pasado miércoles lo hicieron como “acompañantes” de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ni siquiera dirigieron una palabra o saludo a los integrantes del Senado de la República, aunque Germán Cázares los acuso de traidores y vendidos y Lilly Téllez de corruptos e incapaces.

Los integrantes y simpatizantes de Morena argumentan que el término militarización alude a una situación política en la que las Fuerzas Armadas de un país, o un segmento de éstas, toman por la fuerza el control directo de las instituciones políticas para dar paso a un régimen autoritario o totalitario, esto en realidad es la definición de un golpe de Estado por militares.

Lo que pasa en México es la militarización paulatina del gobierno federal, el golpe de Estado ya lo díó el presidente de a República, quien ignora cotidianamente la Ley para aumentar las facultades y el poder político de las fuerzas armadas en ámbitos restringidos a los civiles, con el argumento de que, según las encuestas, son los militares en quienes más confía el pueblo y que no hay civiles de confianza para entregarles la continuidad de la Cuarta Transformación, todos son corruptos o tiende a serlo.

Tienen razón los de Morena, falta el toque de queda.

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