Relatamos una historia escalofriante

El presidente López Obrador ordenó que la Secretaría de Marina tomara el control de las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a cargo de Alejandro Svarch Pérez, debido a un muy delicado informe que le proporcionó el fiscal Alejandro Gertz Manero

En dicho reporte se acusaba la existencia de una red de corrupción en la mencionada institución que, nada menos, otorgaba permisos de importación de fentanilo. El peligroso y dañino precursor que terminaba en manos del crimen organizado.

Y la intervención de la Marina en la Cofepris, por los casos que se presentan en todo el territorio nacional, debería ser una acción que debiera extenderse a todas las delegaciones estatales donde el riesgo del trasiego de fentanilo es cada vez mayor.

Una actividad irregular a todas luces que es tan grave casi como la extorsión, que por ejemplo en Quintana Roo, es el pan de cada día en casi todo tipo de establecimientos. Que van desde los hoteles de gran turismo hasta los más humildes puestos callejeros.

Y es que desde el pasado 30 de septiembre, la Cofepris, órgano adscrito al titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell, se ha vuelto noticia recurrente en temas relacionados con la corrupción.

El más reciente escándalo fue una investigación de la DEA que documentaba la existencia de una banda que fabricaba pastillas de fentanilo en México -un opioide sintético similar a la morfina, pero 50 y 100 veces más potente-, que entraba a nuestro país con permisos del regulador sanitario y terminaba en el mercado negro de Estados Unidos.
Dicha investigación fue presentada en Washington al fiscal Gertz Manero por su homólogo en estadounidense, Merrick Garland,

Ello produjo destituciones en puestos claves de la Cofepris; fueron los casos de América Orellana, directora de la Comisión de Autorización Sanitaria; Maribel Bernal, directora de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad; Lamberto Osorio, subdirector de Importaciones y Exportaciones; y Olga Piña Gutiérrez, responsable de la Comisión de Operación Sanitaria. Todos ellos cesados.

En su lugar, llegaron Bertha Alcalde Luján como titular de la Comisión de Operación Sanitaria; Hermilo Domínguez Zárate, al frente de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, y el capitán Francisco Julián Arce como nuevo contralor, proveniente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina.

Pero la limpia en la Cofepris debe ser aplicada por investigaciones en todo el País.

No son pocas las denuncias en las entidades federativas, como es el mencionado caso de Quintana Roo, en donde los actos de corrupción ocurren desde las mismas comisiones estatales de este regulador.

Es el caso de las múltiples denuncias que rodean al director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo, Miguel Ángel Pino Murillo, quien no puede ocultar un inexplicable enriquecimiento, que muchos atribuyen a la coacción velada que ejerce a través de su cargo para que cientos de establecimientos contraten empresas certificadoras a modo.

La estrategia corruptora es la siguiente señalada por diversos medios locales que han documentado que Pino Murillo, en su calidad de funcionario de Cofepris “invita” –a través de cartas firmadas y membretadas-, a los cientos de hoteles asentados en la entidad a realizar la certificación de calidad del agua y determinación de microorganismos patógenos, entre otros, con la empresa Conquimex, que no tiene instalaciones en Quintana Roo.

Desde 2019, pruebas documentales señalan que aludiendo a las certificaciones de normas oficiales mexicanas (NOM-127-ssa1-1994, NOM-179-ssa1-1998 y NOM-210-ssa1-2014, entre otras) Miguel Ángel Pino, orquesta lo que podría ser una extorsión al condicionar este trámite, porque quienes piden que una empresa de Quintana Roo haga los análisis son hostigados por inspectores y multados hasta por cuatro mil unidades de Medida y Actualización, aproximadamente 322 mil 400 pesos, a quien se resista. Lo que esquilma a negocios de todo nivel.

Las denuncias apuntan a que este redituable negocio, le deja a Pino Murillo entre 25 y 30 por ciento de las multimillonarias ganancias que deja esta obligación sanitaria, que tiene un costo total de entre 50 mil y 60 mil pesos para los grandes centros de hospedaje, y de entre 12 mil y 15 mil para los pequeños, dependiendo de los pozos de agua a los que estén conectados o de los que la extraigan.

Cifras que si se multiplican por los mil 67 centros de hospedaje registrados en Quintana Roo al 2017, serían decenas de millones las que anualmente el director en Quintana Roo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se estaría llevando junto con sus cómplices.
Solo así se explican las cuentas de más de 30 mil pesos que paga frecuentemente y sin ningún reparo, en los restaurantes de lujo de la entidad.

Este círculo vicioso se torna aún más perverso cuando no existe la certeza de que dichos estudios de patógenos en el agua para consumo humano se realizan bajo los estándares necesarios, poniendo en riesgo la salud de miles o millones de turistas. Una más de Cofepris que deberá ser aclarada, para erradicar la plaga.

Una verdadera calamidad está azotando al destino turístico más importante de México.

Continuará.