Opinión|José Luis Camacho Acevedo

El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo carro completo en las elecciones de 2018, al ganar con más de 30 millones de votos y la gran mayoría en el Congreso Federal, en alianza con sus partidos aliados.

Por ello para el primer mandatario resultaba sencillo impulsar todas las iniciativas de reformas de ley que necesitaba para abrir paso para la llamada Cuarta Transformación, sin tener recurrir a pactos antinatura y maliciosos como lo fue el Pacto por México, una alianza entre el PRI, PAN y PRD para aprobar las iniciativas preferentes del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, especialistas en el tema y opinologos señalaban que, al existir una oposición tan débil y devastada, el único contrapeso del presidente López Obrado sería el tercer poder, es decir: el Judicial.

Y es así como algunas de sus iniciativas o decisiones se han tratado -sin mucho éxito- de paralizar, mediante amparos, denuncias y controversias judiciales, no obstante, en dos o tres ocasiones, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado a favor del gobierno federal.

La última controversia al respecto se da después de que el presidente López Obrador solicitará una investigación al juez Juan Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión provisional contra la Reforma Eléctrica, luego de una solicitud de amparo, tramitado por la empresa Eoliatec del Pacífico para frenar la aplicación de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica.

En este sentido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, afirmó que los “jueces federales del país actúan con independencia y autonomía”, y sus fallos deben ser respetados.

Para algunos expertos en la materia de Derecho esta solicitud es intimidatoria y va contra la autonomía del Poder Judicial e incluso van más allá al señalar que el Ejecutivo federal atentó contra la división de poderes al pedir que se revise la actuación del juez Gómez Fierro, al mismo tiempo que urgieron al Poder Judicial salir en defensa de su autonomía.

El periodista y académico, Ricardo Raphael, escribió en su columna de opinión para Milenio que “a partir de ahora será difícil evitar el choque entre el Ejecutivo y la inmensa mayoría de los operadores del derecho”.

Y puntualizó que López Obrador “desea que un Poder Judicial que asuma como propia su definición de interés nacional. El Poder Judicial quiere un presidente que respete la independencia de los jueces y la separación de poderes. La contradicción de los objetivos es obvia y profetiza una batalla que solo puede ser desastrosa”.

¿En verdad será así? O Ricardo Raphael es solo un ave de mal agüero.