Opinión|José Luis Camacho Acevedo

Fuga en cadenas es una película dirigida por Stanley Kramer en 1958.

El filme, protagonizado por Tony Curtis y Sidney Poitier, presenta la odisea de dos presos en fuga encadenados y, por lo tanto, a pesar de su diferencia racial, uno es blanco y el otro es negro, desean alcanzar la libertad a pesar de estar unidos por un grillete común.

Así, fatalmente unidos, viven su búsqueda hacia la libertad.

En esa condición, no tan involuntaria como la que viven los fugitivos del film de Kramer, de tener un destino común producto de sus tenebrosas relaciones construidas en los tiempos en que Calderón y García Luna eran los dueños del mayor poder en México, condición tan explicable como indisoluble, hoy se encuentran los destinos políticos y judiciales de quienes fueron por 6 años los dueños de un poder absoluto en nuestro país.

El expresidente Calderón ha estado realizando una serie de pirotecnias distractoras para que la opinión pública se olvide del episodio que lo une fatalmente a García Luna.

Lo mismo intenta crear un partido político que lo pudiera convertir en diputado federal en los comicios de 2021, obteniendo un oportuno y conveniente fuero, que trata de convertirse en el interlocutor político número uno del presidente López Obrador a través de meterse en la narrativa presidencial con una pretendida defensa de la democracia y del estado de derecho.

Una democracia que en su momento burló de una manera por demás burda en los comicios del 2006. Un fraude electoral que lo llevó a la presidencia arrebatando el triunfo al político de Macuspana como un estado.

Y un estado de derecho que jamás respeto cuando para legitimarse inició la sangrienta guerra contra el narco desatando así un demonio que hasta la fecha ninguno de sus dos sucesores, Enrique Peña Nieto y lo que lleva en el gobierno AMLO, han acertado a contener.

UNIVISIÖN le ha dado un amplio seguimiento al caso García Luna.

Los resultados de esa investigación de la periodista Peniley Ramírez deben tener muy preocupado a Felipe Calderón.

Una red de empresas relacionadas con Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad pública de México, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales, según dos denuncias penales del gobierno mexicano obtenidas en exclusiva por Univision Investiga.

Las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano aseguran que estas empresas muy probablemente recibieron «recursos provenientes de los sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de García Luna» cuando fungió como secretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas. Ahora espera juicio en Nueva York, acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en declaraciones. Se ha declarado no culpable. Su abogado no respondió a una solicitud de entrevista para este artículo.

En la Corte de Nueva York las investigaciones siguen su curso.

Y los fiscales que detuvieron a García Luna por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, encontraran, más temprano que tarde, la verdadera colusión que en el caso pudo haber tenido Felipe Calderón

Poco tendremos que vivir para conocer el desenlace de este remake de Fuga en Cadenas.

EN TIEMPO REAL

1.- En un operativo realizado por la Fiscalía del Estado de Querétaro, fue detenido este viernes el secretario de Gobierno en la administración capitalina del hoy diputado federal panista Marcos Aguilar Vega.

El detenido es Manuel Pegueros, ex secretario de Gobierno en la administración anterior, por una carpeta de investigación relacionada con la Entidad Superior de Fiscalización del estado de Querétaro.

La detención se habría llevado acabo por elementos de la policía de investigación del delito, en los límites con el estado de Guanajuato, con un fuerte operativo por parte de la dependencia.

Se sabe que también fue detenido otro exfuncionario municipal, quien hasta ahora no se ha revelado su cargo y nombre, pero que también pertenece a la anterior administración municipal.

Trascendió que ambos fueron aprehendidos por una carpeta abierta por irregularidades detectadas por la Entidad Superior de Fiscalización de la pasada administración panista.

El actual alcalde queretano, Luis Bernando Nava, en su momento electoral asumió el compromiso de no se tapadera de corrupciones de nadie. Y como vemos este periodo anticorrupción apenas comienza.

2.- En la Ciudad de México hay al menos 4 mil 577 actas de defunción en las que se asienta que la causa confirmada o probable de esas muertes fue Covid-19, una cifra tres veces más alta a la que ha reportado el gobierno capitalino, según una escandalosa investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) del empresario Claudio X. Gonzalez

MCCI contó 3,209 actas de muertes por coronavirus como causa probable, 307 certificados que confirmaron el SARS-CoV-2 entre los motivos de la muerte y 1,100 que describen el virus como una de las razones de defunción, sin especificar si son casos sospechosos o confirmados.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a una base de datos de 4 mil 577 folios de actas de defunción registradas en siete juzgados de la Ciudad de México entre el 17 de marzo y el 12 de mayo del 2020. Según esa base de datos, en todas las actas aparece en la descripción de causa de muerte coronavirus, en distintas formas como: SARS COV2, COV, Covid 19, nuevo coronavirus, coronavirus o NCOV para describir al virus.

Sin embargo, lo que llama la atención es que no presenta evidencia de esas actas.

3.- En una acción surrealista, el presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo, Óscar David Hernández Carranza, presentó un amparo para que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, deje de dar conferencias.
De acuerdo con Hernández Carranza, tanto Gatell como los demás funcionarios incurren en contradicciones y omisiones sobre la información que presentan diariamente del COVID-19.
Fue la juez Séptimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México quien admitió a trámite la demanda contra el Gobierno federal por vía del amparo.

Sin embargo, rechazó suspender las conferencias de prensa de López-Gatell ya que afectaría el interés público debido a que se consideran parte de las medidas para hacer frente la pandemia.
“No puede suspenderse ante el cuestionamiento de que los datos proporcionados por los intervinientes no son correctos o actualizados”, argumentó la juez.
Agregó que estas conferencias vespertinas significan un importante canal de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía, por lo que suspenderlas también cerraría la comunicación.
Qué ganas de afectar el interés común por necedades.