Opinión|Horacio Erik Avilés Martínez

Horacio Erik Avilés Martínez

El Día Internacional del Trabajo es una conmemoración global por aquellos trabajadores quienes ofrendaron su vida y su sangre por la consecución de mejores condiciones laborales. También, es una jornada para visibilizar las urgentes y necesarias reivindicaciones en torno a los derechos laborales aún no reconocidos ni vivientes.

Dentro del ámbito gremial, un sector prioritario y estratégico para el país es el magisterial, por tratarse de quienes defienden el derecho a aprender de los estudiantes mexicanos, guiando su aprendizaje y desarrollo integral. Inaceptablemente, aún existe un amplio grupo de trabajadores de la educación que han tenido que trabajar en condiciones precarizadas respecto a sus pares que cuentan con plaza de base. Se trata de los maestros del Programa Nacional de Inglés para Educación Básica (PRONI).

El PRONI es un programa dependiente de la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, tiene un presupuesto federal, cuenta con reglas de operación y un convenio-marco que se emiten anualmente. A pesar de que el presupuesto federal es aprobado cada año fiscal, tal como se encuentra establecido en las normas de operación en su apartado 3.4 características de los apoyos (tipo y monto), así como en el convenio marco celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública SEP con los gobiernos estatales, los maestros solo reciben un contrato temporal, donde se les liquidan exclusivamente los meses trabajados, no cuentan con prestaciones, bonos, prima vacacional, seguridad social, ni otras prestaciones que la ley define como obligatorias.

El problema es de carácter federal. Proviene de un vicio de origen, el diseño incompleto de política pública, que contempló recursos para trabajadores por contrato, pero no para basificados. Han pasado ya tres administraciones federales, sin que se haya construido una solución integral para su situación. La magnitud del vacío generado es alta, porque de acuerdo con las propias cifras de los maestros del PRONI, hay más de 30 mil docentes de inglés que se encuentran en la misma situación. En Michoacán son 179 profesores, los cuales atienden 146 escuelas bajo contrato temporal, sin prestaciones y sin estabilidad laboral desde hace aproximadamente once años. Eufemísticamente, para evadir responsabilidades patronales se les considera “asesores externos especializados”, en lugar de denominarles como lo que son: maestros de los hijos de los mexicanos.

Para algunos maestros han pasado ya una decena de primeros de mayo sin que haya habido mejoras en su situación laboral. Además de pagar materiales y consumibles de su salario, las capacitaciones, formación continua y las certificaciones que se requieren para demostrar y ejercer dominio del idioma inglés, los maestros están trabajando desde casa con los estudiantes a su encargo, sumándose a la estrategia en línea. Por supuesto, con sus propios recursos.

La situación les ha generado estrés, ansiedad, precariedad en su estilo de vida e incluso rotación laboral, ya que, ante la desesperación por la situación, muchos han optado por buscar mejores opciones laborales, perdiéndose la experiencia y vocación de los docentes y exponiendo a los estudiantes a la curva de aprendizaje de los recién contratados. En diversas ocasiones no iniciaron a laborar desde el inicio del ciclo escolar, ni tampoco en el mes de enero, sino hasta que sus pagos fueron autorizados y radicados en las secretarías de finanzas de sus entidades respectivas.

En Michoacán, actualmente no les han depositado lo correspondiente de enero a la fecha, a pesar de haberles pedido por adelantado las facturas fiscales correspondientes a cada mes que comprende el contrato laboral. Más aún, de manera abusiva, la parte patronal les ha hecho firmar un documento en el que señalan estar de acuerdo en que los depósitos no serían quincenales ni mensuales, sino en cuanto hubiera la disponibilidad del recurso. Signar lo anterior fue una condición insalvable para permitirles firmar los contratos de enero a marzo y de abril a junio del presente año. Por supuesto, el proceso de federalización de la nómina magisterial michoacana no parece haberlos incluido, ni les ha hecho justicia hasta el momento.

Más aún, lamentablemente, los sindicatos han hecho un flaco favor en la enorme mayoría de los casos, ya que siempre han intentado pedirles algo a cambio, en lugar de apoyarles como trabajadores de la educación que son.

Entonces, la ruta que han emprendido es la de la gestoría, la de ir a solicitar apoyo a los actores gubernamentales. Por ejemplo, el pasado 13 de noviembre acudieron a la Ciudad de México para buscar ser escuchados en diferentes dependencias federales, exponer sus necesidades y buscar la manera de mejorar su situación laboral. Acudieron a Palacio Nacional, s la SEP y a la Cámara de Senadores, entre otras dependencias, sin lograr resultado alguno. Se han reunido con diputados, senadores, el titular de la SEP, gobernadores, le han entregado documentos al presidente de México, sin contar a la fecha con respuesta positiva.

La solución ha sido parcial y a cuentagotas, con base en el poder de gestión de los maestros PRONI en cada entidad federativa. Ha sido mediante organización, movilización y negociaciones locales como han avanzado en el proceso de exigencia y defensa de sus derechos laborales. Por ejemplo, en Tamaulipas, ya lograron que el Gobernador de ese estado basificara a los maestros del PRONI.

Hoy es otro primero de mayo sin justicia para los maestros del PRONI. Es evidente que falta la voluntad política para hacer valer su derecho a la estabilidad laboral después de once años de estar sujetos a contratos temporales que los han soslayado de contar con plaza de base, prestaciones de ley, servicio médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una homologación salarial, ya que muchos perciben apenas 72 pesos por hora de clase impartida, prima vacacional y aguinaldo.

No es una cuestión meramente gremialista, sino que esta reivindicación pendiente está estrechamente ligada con el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México. Mucho se ha estudiado y parece haber un consenso sobre la importancia de aprender una segunda lengua adicional a la materna. Más bien, la cuestión estriba en lograr condiciones de igualdad para los maestros del PRONI respecto a los demás trabajadores de la educación, para que se respete aquella máxima en materia de legislación laboral que señala que “a trabajo igual, salario igual”, pero también, para que la enseñanza del inglés se equipare en condiciones al de las demás asignaturas del plan de estudios en educación básica y por consecuencia, en resultados en el aprendizaje.

Por ello, además del reconocimiento como maestro y la homologación respectiva, aún queda pendiente una segunda etapa, que puede ser tanto o más tortuosa que la ya vivida: lograr que los maestros del PRONI sean tratados con igualdad por sus pares en las comunidades de aprendizaje, en las reuniones con los padres de familia y en los Consejos Técnicos Escolares. Asimismo, implicaría que sean dotados de un currículo de excelencia, de horas efectivas de clase, de materiales y equipo dignos, lo cual implicaría que el aprendizaje del inglés sea considerado dentro del plan de estudios obligatorio y aparezca en la boleta de calificaciones, para que tenga consistencia el haber definido en el perfil de egreso de educación básica que los estudiantes deberían de poseer herramientas comunicativas en el idioma inglés.

En una tercera etapa, se requeriría, como lo indica el estudio Sorry (2015) de Mexicanos Primero, que los estudiantes mexicanos, desde tercer año de prescolar hasta finalizar la secundaria hayan acumulado un total de entre mil 060 y mil 900 horas de clases de inglés, para lo cual se deberá de planificar, programar y presupuestar suficientemente los recursos necesarios para responder a lo discursado.

La solución está en manos del ejecutivo federal, mediante la modificación de las reglas de operación a nivel nacional o de la expedición de un decreto. Parcialmente, los gobiernos estatales podrían también hacer por reconocer su antigüedad y basificarlos con plaza estatal. En ello consiste lograr superar las etapas mencionadas de la serie de reivindicaciones pendientes con los maestros del PRONI y, por ende, con el derecho a aprender una segunda lengua de los estudiantes mexicanos. Por principio de cuentas, si realmente se pretende alcanzar una auténtica transformación educativa bien se haría en garantizar estabilidad laboral y buenas condiciones de trabajo a todos los maestros, primeros garantes del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México.
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