Operación Enjambre 

Limpiar los gobiernos municipales para recuperar el poder del pueblo

La delincuencia organizada no solamente disputa territorios, mercados ilegales y rutas de distribución. También disputa el poder político. Su ambición no termina en controlar las calles: busca controlar las instituciones, someter a las autoridades y convertir los gobiernos en instrumentos de sus intereses criminales. Cuando esto sucede, el Estado deja de ser garante de los derechos de la ciudadanía y comienza a funcionar como una estructura de protección de quienes violan la ley.

Esta es una de las lecciones más importantes de la Operación Enjambre, iniciada en noviembre de 2024 en el Estado de México y convertida en un referente de la estrategia de seguridad y combate a la corrupción que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su significado político va mucho más allá de la detención de presidentes municipales, directores de seguridad pública o funcionarios involucrados con organizaciones criminales. Lo que está en juego es una cuestión fundamental para nuestra democracia: ¿a quién sirven los gobiernos municipales, al pueblo que los elige o a los poderes criminales que pretenden someterlos?

Durante décadas, México padeció una peligrosa combinación de corrupción política, impunidad y expansión de las organizaciones delictivas. En numerosos territorios, los grupos criminales comprendieron que resultaba más rentable capturar a las autoridades que enfrentarlas. No necesitaban sustituir formalmente al gobierno; les bastaba con penetrarlo, corromper a sus funcionarios y utilizar las instituciones públicas para garantizar sus negocios.

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