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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2024.- En el reciente proceso electoral, la ciudadanía envió un mensaje claro: no otorgar la mayoría calificada a la coalición del grupo en el poder, conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Esta decisión refleja una postura consciente y deliberada de los votantes, quienes buscan mantener un equilibrio de poder y evitar el dominio absoluto de un solo bloque político. Sin embargo, surgen preocupaciones legítimas sobre intentos de obtener esa mayoría a través de cálculos viciados, poniendo en riesgo el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en el país.
En las elecciones de 2024, los votantes mexicanos acudieron a las urnas con la intención de definir el rumbo del país. A través de su voto, la ciudadanía demostró un deseo de balancear el poder en el Congreso, lo cual implica que, para aprobar reformas constitucionales, será necesario buscar consenso y colaboración entre diferentes fuerzas políticas, reflejando la diversidad de opiniones y garantizando una representación más justa y equilibrada.
A pesar del claro mandato ciudadano, existen preocupaciones sobre posibles intentos de manipular el sistema de asignación de curules y escaños para que el bloque en el poder obtenga la mayoría calificada. La ley electoral mexicana establece que los espacios de representación proporcional deben ser calculados por partido con base en la votación obtenida. Cualquier intento de alterar este procedimiento socavaría la integridad del proceso democrático y traicionaría la voluntad del electorado.
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