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QUERÉTARO, Qro., 3 de junio de 2026.- La dirigente estatal de Morena en Querétaro, Gisela Sánchez Díaz de León, responsabilizó al Gobierno del Estado por los posibles discursos y crímenes de odio que pudieran registrarse tras el veto a la Ley de Identidad de Género impulsada recientemente en la entidad.
La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena recordó que, tras la aprobación del matrimonio igualitario, se documentaron al menos 10 crímenes de odio en Querétaro, Guanajuato y Ciudad de México, situación que, dijo, genera preocupación ante el actual debate relacionado con los derechos de las personas trans.
Además, señaló que la comisión de diversidad ha contabilizado ocho crímenes de odio en meses recientes, por lo que consideró alarmante el ambiente de polarización que se ha generado en torno al tema.
“Sí responsabilizo al Gobierno del Estado de los crímenes de odio que pueda haber en las próximas semanas”, declaró.
Sánchez Díaz de León acusó que desde distintos espacios, principalmente redes sociales, se ha impulsado una “guerra psicológica” y campañas de estigmatización contra personas de la diversidad sexual, además de la utilización de cuentas falsas o bots para promover mensajes de rechazo y odio.
Afirmó que cuando desde el poder público se emiten mensajes que, a su consideración, señalan o criminalizan a sectores vulnerables, se corre el riesgo de legitimar actos de violencia y discriminación.
En ese sentido, cuestionó cuáles serán las medidas de seguridad que implementarán las autoridades para proteger a las personas que participarán en la marcha del orgullo LGBTQ+ programada para el próximo 13 de junio en Querétaro.
La dirigente morenista también criticó las observaciones realizadas por el gobernador a la Ley de Identidad de Género, al sostener que la reforma únicamente busca garantizar derechos humanos y brindar certeza jurídica a las personas trans.
Subrayó que la iniciativa fue construida con la participación de colectivos, especialistas y organizaciones civiles, además de contar con respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas.
Finalmente, rechazó los argumentos relacionados con la posibilidad de que menores de edad puedan modificar su identidad de género, al asegurar que el procedimiento únicamente aplicaría para personas mayores de edad y que las actas originales de nacimiento permanecerían resguardadas conforme a los criterios legales vigentes.