Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

¿Escenario de pesadilla?

El tamaño de un hombre puede medirse por el tamaño de las cosas que le encolerizan: Thomas Morley

La organización de la marcha oficialista del 18 de marzo de 2023 está en todo su apogeo en todo el país. Convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se realiza para tratar de recuperarle el título de Rey de la Calle y superar con acarreo masivo la copiosa asistencia de personas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra de su reforma electoral (Plan B), del 26 de febrero, y en la del Día de la Mujer, del 8 de marzo pasado. Ambas manifestaciones multitudinarias independientes lograron altísima asistencia, provocando la cólera presidencial.

Millones de pesos fluyen de organismos públicos para organizar la llamada Fiesta Nacional por la soberanía energética. Por ejemplo, los diputados aportarán «voluntariamente» un día de salario –no dijeron por qué periodo– esto es más de 14 millones de pesos mensuales, como «apoyo solidario», para costear el transporte de los acarreados, y celebrar un «ritual» más del movimiento cuatroteísta, según justificó el coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

Habrá que reflexionar en que a los diputados se les paga con recursos públicos para realizar labores inherentes a sus atribuciones como representantes populares del Poder Legislativo, se desconoce hasta el momento en qué beneficiará a todos los mexicanos llenar el zócalo para en el climax escuchar a López Obrador, en un montaje que sólo busca convertir a Morena en el partidazo que fue el PRI hace más de medio siglo, y coronar a su líder carismático como un patriarca populista más en Latinoamérica.

Si se trata mostrar el músculo morenista previo a las elecciones federales del 2024, es absolutamente ilegal e ilegítimo utilizar recursos públicos y los programas sociales de gobierno para motivar a las clases populares que son llevadas a marchar por políticos morenistas, con el chantaje de que deben participar en la movilización para agradecer al primer mandatario sus apoyos (con recursos del erario), en el mejor de los casos.

Y en el peor, con la amenaza de sacarlos del padrón de pensionados, becados o beneficiarios de «sembrando vida», o la pérdida del empleo en dependencias y entidades públicas, entre otros argumentos de los convocantes y coordinadores –gobernadores estatales, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México y dirigentes morenistas, así como «servidores de la Nación» quienes usan los padrones de beneficiarios de los programas emblemáticos de la 4T.

Esta es la segunda marcha que organiza el primer mandatario para tratar de menospreciar las protestas en su contra a favor del INE para evitar su desmembramiento. La primera fue el 27 de noviembre del 2022, y se inició a las 9:00 horas. El pretexto fue la presentación del 4o. Informe de Gobierno.

Ahora, AMLO aprovecha el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, para regresar a la Plaza de la Constitución el próximo sábado, a las cinco de la tarde. Morena convoca y acarreará a sus simpatizantes a la “Fiesta Nacional por la Soberanía Energética”.

El tema es emblemático de la posición de López Obrador de cifrar el desarrollo de México en energías fósiles como es el petróleo, incluida la generación del 75 % de la electricidad con energías sucias, con la participación de la CFE responsable de la electricidad y del sistema eléctrico nacional, entre los cambios para hacer más lenta la transición energética de México, pero que ha sido enarbolado por el líder de la 4T como medular para mantener la soberanía energética nacional.

Esta reforma constitucional fue rechazada por el congreso de la Unión al no reunir la votación suficiente, pero el presidente logró su aprobación como decreto con la aprobación de legisladores de Morena y sus aliados y luego la SCJN rechazó la controversia constitucional, lo que suscitó diferendos con sus socios en el T-MEC, Estados Unidos y Canadá, ambos en foros de consulta consideraron que la política energética de AMLO protege a las paraestatales CFE y Pemex, contrario a lo acordado en dicho tratado comercial.

López Obrador ha hecho importantes inversiones para rescatar y comprar refinerías, frente a la necesidad global de generar una economía neutral en emisión de gases de efecto invernadero, ¡Ya! Claro, si el gobierno quisiera evitar el «escenario de pesadilla» para México, incluido entre los principales países latinoamericanos productores y consumidores de petróleo, como son Venezuela, Colombia y Brasil.

Así lo sostuvo Moody´s Analytics en su último Informe, del 10 de marzo pasado, sobre Cambio Climático, donde se alerta sobre un aumento de hasta 2,7 grados centígrados de la temperatura –a finales del siglo, según estimación de Climate Axction Tracker–, ante los riesgos de aplicar políticas tardías. Estas acciones deben implementarse cuanto antes, y no hasta 2030, fecha en que México se comprometió a establecer acciones para disminuir a cero las emisiones de carbono para el 2050.

Si no se adoptan nuevas políticas y medidas para frenar el impacto del cambio climático, podría costarle a la región casi una quinta parte de su Producto Interno Bruto (PIB) a finales del siglo, con graves afectaciones a la infraestructura y capacidad productiva, la salud de trabajadores expuestos a la intemperie y en la de la población en general, así como el aumento de precios y tarifas energéticas, inflación y gasto en planes contingentes, entre otros.

El programa de la congregación vespertina sabatina en el zócalo aún no está claro, pero el presidente la promueve en su mañanera, donde convoca a sus simpatizantes a participar en una gran fiesta en la que «vamos a invitar a nuestros cantantes, los que le gustan a la gente, al pueblo, va a hacer fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”, dijo el pasado 25 de enero, fecha en que anunció la movilización.

Qué lejos los tiempos en que AMLO era un líder opositor al gobierno, contrario a los abusos de poder, ahora él es el principal promotor de las acciones ilegales de Morena y aliados para afianzar su capital electoral con miras a los comicios en el Estado de México y en Coahuila, pero principalmente en las próximas elecciones federales, a sólo un año tres meses de que inicie el proceso.

Los partidos de oposición deben acelerar sus procesos internos de selección de candidato para poder competir en la próxima contienda presidencial sin tanta desventaja, pues las corcholatas morenistas ya han avanzado desde hace muchos meses en la promoción de su imagen en campañas impulsadas desde Palacio Nacional y aprovechando sus posiciones y disponibilidad de recursos en la jefatura de gobierno capitalino y en el gabinete presidencial.

En otra pista se sitúa lo que ocurre en el Consejo General del INE, donde avanza el proceso de selección de los cuatro consejeros que sustituirán a quienes concluyen su encargo de nueve años, el próximo 3 de abril. Se debe vigilar que en la elección de los 20 finalistas –cuatro quintetas– éstos se apeguen a los criterios de independencia, imparcialidad y expertis requeridos como características de idoneidad para los árbitros de nuestro sistema electoral.

Ante la falta de acuerdos partidistas en la Cámara de Diputados, ya se adelantó que serán nombrados por insaculación, por lo que sus nombres deberán incluirse en la tómbola de donde saldrán los elegidos en la Cámara de Diputados. La publicación de los mejor calificados en el examen no es suficiente para figurar, pues entre ellos hay quienes son proclives a Morena o familiares de prominentes funcionarios de la 4T, y si se apegan a lo establecido por la ley deberán ser eliminados para evitar subordinación a la voluntad del poder Ejecutivo.

En paralelo, sigamos con atención lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la resolución de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Plan B electoral, nadie quiere que los próximos comicios se conviertan en otra pesadilla por venir, por el futuro democrático del país hay que preservar la estructura profesional y conformación autónoma del INE.