Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

¿Cumplió el Senado?

La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos: Louis Dumur

Lo ocurrido el martes pasado en el Senado de la República fue un intenso ejercicio de desaliento en 10 horas. Cuántos más acabamos exhaustos y compungidos ante la posible asistencia al inicio de las exequias de nuestra democracia, luego de presenciar el espectáculo montado en el Coliseo de Reforma: el embate del poder presidencial respaldado por el poder militar vs. el supuesto bloque opositor senatorial.

NO, corrijo, lo más preocupante es que presenciamos la embestida del poder militar con el respaldo del poder presidencial (en ese orden). El Senado no sirvió de dique de contención. Constatamos como se fracturaba el llamado bloque opositor, y bajo el toque marcial de tambores emergía el PRI-MOR –siete votos a favor del PRI y dos del PRD–, sumados a los de la alianza oficialista (PVEM, PT, PES), dieron los 87 votos de la victoria: consummatunn est.

Los senadores a favor repetían frases para encubrir el hecho infausto con buenas intenciones, los más ingenuos blandían banderas ilusorias de paz y reconciliación o repetían, en visible estado hipnótico: «es un honor estar con Obrador».

Los «conversos» festejaban haber ganado para el poder legislativo nuevas atribuciones, como la corresponsabilidad para fiscalizar, evaluar y codirigir la política de seguridad pública. Nadie habló de dónde se habían plasmado los requerimientos de recursos necesarios para solventar las nuevas atribuciones, conforme a qué plan, estrategia, asesoría, estudios o las sanciones para quien incumpla…

Fue asistir a la fractura del bloque opositor, que luego de la votación a favor de diputados del PRI y del PRD, dejó solos a los legisladores de Acción Nacional. Ya muchos habían anticipado que los ataques a Alejandro Moreno Cárdenas y ofrecerles impunidad frente a sus presuntos delitos había sido suficiente para que él y sus diputados incondicionales rompieran el acuerdo de moratoria –rechazo– a las iniciativas constitucionales de López Obrador.

Esto permitió que la iniciativa de reforma constitucional para ampliar el plazo de intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se ampliara de marzo de 2024 a marzo de 2028, para ello se filtró a una diputada priísta (Yolanda de la Torre, después premiada como presidenta del Poder Judicial de Durango) para que la presentara como su iniciativa en la Cámara de Diputados –como cámara de origen–. Esta reforma constitucional al Art. 5o. Transitorio, fue aprobada por el pleno el pasado 14 de septiembre, y enviada al Senado.

Los senadores panistas, de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural Independiente rechazaron legitimar la ruptura del equilibrio cívico-militar necesario en una nación democrática, acusaron al presidente López Obrador de promover un golpe de Estado militar, propiciar un estado de sitio ligh y  de negligencia al ceder el poder civil a mandos militares.

Denunciaron que el Ejecutivo incumplió su compromiso con los legilsadores  establecido en 2019 de  crear una Guardia Civil y sacar al Ejército de la calles para marzo del 2024.  ¿Por qué ahora creerían en sus promesas de rendir informes ante una comisión legislativa bicameral y canalizar recursos a estados y municipios? Ambos compromisos ya existen y se han incumplido, advirtieron.

No se usaron razones ni argumentos para convencer a los senadores del PRI y del PRD (con las honrosas excepciones de quienes se mantuvieron firmes hasta el final) de cambiar su voto y respaldar la presencia militar en seguridad pública hasta el 2028.

Tampoco fue cuestión de principios o valores morales o ideológicos. No, varios senadores opositores, denunciaron que el aval se consiguió mediante complicidades, chantajes, amenazas y ofreciendo impunidad y como senadores poder intervenir en el manejo de los nuevos fondos municipales de su entidad, mismos que serán más suculentos al nutrirse con bienes confiscados.

Estos fondos fueron considerados por Muna Dora Buchahim, ex auditora Superior de la Federación: «como un soborno disfrazado y cínico», expresión avalada por Inés Parra, la única diputada morenista que votó en contra por congruencia con los principios y estatutos que rigen a los militantes de Morena (aristeguinoticias.com).

El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, luego de enumerar una decena de abusos militares a partir de 1968 hasta Ayotzinapa (2014), les reclamó a sus colegas que contribuyan a frenar el proceso civilizatorio y aplaudan la militarización y al presidente López Obrador actuar con complicidad al proteger a militares que cometieron vejaciones y abusos en Iguala (caso Ayotzinapa), y les espetó: «No hay peor engaño que el autoengaño».

Una imagen para los anales de la violencia de género fue dada paradójicamente por senadoras: en contra de la reforma, la panista Lily Téllez, fiel a su estilo, provocadora hasta rebasar el límite, confrontó a los morenistas comparándolos con hienas y acusó a AMLO de crear un Estado narco-militar.

En respuesta fue increpada por senadoras de Morena: las Lucías, Trasviña, Meza y Micher, quiienes atacaron a la exconductora de TV Azteca por endilgarles adjetivos ofensivos, mismos que pidieron borrar del Diario de los Debates y la Agenda Legislativa. Más allá de lo público fue Rocío Abreu, quien ventiló ante el pleno supuestas intimidades para herirla.

Qué difícil debe ser defender al amado líder que encarna el presidente López Obrador, quien además de mentir para engañar y encubrir sus ambiciones políticas de avaricia de poder, resultó un profundo conocedor de cómo usar los recursos del Estado para exigir lealtad a los propios y respeto a los contrincantes.

El contexto de esta bochornosa aprobación está marcado por la oprobiosa incapacidad del Gobierno de la 4T de hacer frente a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, las que han merecido varias recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin respuesta.

Día a día conocemos documentos secretos de los militares difundidos por el hackeo conocido como Guacamaya Leaks que prueban que durante el gobierno de AMLO los militares mantienen relaciones con el crimen organizado, espían a periodistas y defensores de derechos humanos.

Y el jefe del Ejecutivo, ese que fue un aguerrido opositor anti-militarización, como presidente de la República, mientras más se acerca la salida, más incondicional les cede a los militares atribuciones civiles. Desde que tomó posesión y descubrió en ellos «obediencia» y «disciplina», interpretó estas como la lealtad a ciegas que exige a sus colaboradores, para poder mantener el mando centralizado que anhelaba desde joven, cuando había que tomar la calle, pozos petroleros, avenidas y soñaba con la presidencia.

Tiempos lejanos aquellos, hoy festeja que logró traspasar el mando de la seguridad pública a SEDENA, sin límites ni exigencias, ellos siguen expandiéndose: además de construir mega obras, ejercen cuantiosas partidas presupuestales, sin precedente. Las fuerzas armadas han pasado a ser los más grandes contratistas del gobierno de la 4T, su manejo discrecional y exento de rendir cuentas con transparencia, «por razones de seguridad nacional», los hace cada día más poderosos.

Los jefes militares pueden condicionar al Ejecutivo: no quieren trabas ni que sean enjuiciados sus elementos. ¿Tanto los necesitamos? Ellos además de cumplir con sus atribuciones legales, han aceptado administrar aeropuertos, aduanas, participar en control migratorio… bueno, hasta quieren incursionar en negocios propios, como una línea aérea donde poner a trabajar el avión presidencial. ¿Quién les dio el avión? El mismo que no tiene colaboradores que lo aterricen, ni poderes que le sirvan de contrapeso. ¿Senador Ricardo Monreal, qué diría el jefe Lama de su última victoria?