Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Realidades distantes, líderes concurrentes

La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas: Albert Camus

Tiempos difíciles para el mundo y para México, hay premisas que advierten del peligro de permitir los gobiernos de un sólo hombre, aquí y en Rusia, hay indicios de que por ambiciones personales de mantenerse y agrandar su poder –guardadas las proporciones– los presidentes de ambas naciones  actúan en contra de los intereses del pueblo que se comprometieron a gobernar con respeto a sus  libertades, derechos y obligaciones.

Hay temor allá y acá. Allá porque 137 mil civiles han sido requeridos mediante decreto para luchar en una guerra en la que no creen, pero Vladimir Putin decidió que es momento de recuperar su hegemonía política regional. Acá, quieren militarizar el país, preocupa que no sea para combatir la terrible inseguridad, para ello se necesitaría una estrategia. No, eso no les preocupa, quieren consolidar una autocracia, cuando menos seguir en el poder otro sexenio, para consolidar un proyecto sólo conoce su inspirado y amado líder.

Por eso el debate que se efectuó hoy en el Senado de la República fue de gran importancia, quizá el más contundente discurso fue el del senador panista Damián Zepeda Vidales, quien llamó al pleno a votar en contra y «no ser cobardes frente al poder que usa en forma política la justicia», refiréndose a cómo se obtuvieron los votos de los diputados del PRI, y enfatizó que con más de 120 mil homicidios «hoy México está bañado en sangre y esa estrategia no es la solución».

Algunos rostros adustos como el de Gustavo Madero del PAN revelaban la preocupación real, o las palabras de Beatriz Paredes del PRI, quien adelantó que votaría en contra y resaltó la necesidad de corregir la estrategia errónea y centralizadora actual, sin embargo dijo estar a favor de que se mantenga la presencia del Ejército bajo mandos civiles, con respeto a los derechos humanos.

Al parecer faltaron votos de apoyo a la propuesta priísta-morenista, y como no les alcanzaban los votos para lograr la aprobación de la reforma constitucional (necesitaban dos terceras partes del quorum), decidieron regresar el dictamen a las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, mismas que lo elaboraron, a fin de «tener mayor tiempo para el análisis».

Los reflectores sobre el senador Ricardo Monreal, coordinador senatorial morenista,  y su pretendida independencia, revelaron que cedió, aunque explicó que «por racionalidad» apoyaba la iniciativa promovida por el presidente López Obrador. Insistió en que sólo se trata de extender el plazo de la presencia militar por cuatro años más: de marzo de 2024 a marzo de 2028.

Calificó de imprescindible la permanencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, y fue él quien propuso al pleno, en primera instancia, regresar la iniciativa  a comisiones a fin de ampliar el consenso, incluir la rendición de cuentas y fijar controles parlamentarios.

Un lapsus del presidente senatorial, Alejandro Armenta, metió ruido, pues al revelar la llegada de un oficio a las 12:27 y darlo a conocer dos horas después, con dos números diferentes (6084 y 6096)sembró confusión e hizo que el debate se alargara porque la ley prohíbe someter dos veces a votación la misma moción.

En más o menos rápido control de daños, se pidió la votación económica por la afirmativa, luego de un coreado Sí, y sin respuesta en contra, se regresó el dictamen a comisiones. Se citó a la próxima sesión el martes 27 de septiembre y se dió por concluída esta, a las 3:30 p.m.,  bajo el grito de la oposición de: ¡tramposos,tramposos!

La oposición celebró como si hubiera obtenido un triunfo. ¿Será? Ya veremos que ocurre dentro de los próximos 10 días hábiles, plazo establecido para volverla a someter al pleno avalada por la mayoría de quienes la suscriben, integrantes de las comisiones dictaminadoras.

Atentos estaremos a las acciones de este gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación y observamos incurre en la peor regresión histórica, hace que cunde el temor entre la opinión pública pro libertades democráticas y derechos humanos al trascender que hay amenazas a los estados de que quien no apoye la reforma constitucional para que permanezca el Ejército en las calles no recibirá el apoyo federal para combatir a la delincuencia.

Existen evidencias de cómo a políticos de oposición, en forma individual, se les ofrece optar por alguna posición de mando  o se les amenaza con sacar sus trapitos al sol, esto es hacerles juicios (civiles, penales, fiscales, etc.) si no votan a favor de las propuestas gubernamentales.

La reforma constitucional que promueve Morena con una inciativa del la diputada priísta Yolanda de la Torre y sus partidos aliados —-voluntarios y forzados–,al Artículo 5o. transitorio constitucional haría posible mantener a la Guardia Nacional militarizada bajo el mando de SEDENA a cargo de la seguridad nacional por nueve años contínuos, ahora si con respaldo en la carta magna.

Esta iniciativa tendría efectos dañinos al prolongar el estado de violencia, el incremento de muertes y delitos graves, como lo muestran las estadísticas, ya que el gobierno soslaya empezar por revisar su estrategia de seguridad pública fallida, como asunto de urgencia nacional,con la concurrencia de quienes saben sobre el tema. Hasta ahora los únicos efectos positivos de la fallida política de «Abrazos no balazos» son las risas que provocan un puñado de chistes negros.

Es cierto que, por  unanimidad, las fracciones partidistas integradas en el Congreso de la Unión ,en 2019, cuando se creó la Guardia Nacional,  le dieron  carta blanca a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública, pero fue sólo por un plazo de cinco años, periodo en que debiera ocurrir la transición para construir  una Guardia Nacional de naturaleza civil, robusta, eficiente, con elementos capacitados para combatir a la delincuencia con respeto a los derechos humanos.

Pero, el gobierno federal a año y medio de que se cumpla el plazo hace a un lado el compromiso de  fortalecer, capacitar y conformar a un cuerpo que debiera convertirse en una Guardia Civil, además, contrario a su compromiso de campaña, López Obrador dice que ya cambió de opinión y ahora si está a favor de la militarización, quizá por eso en lugar de dotar de mayores y mejores recursos a policías estatales y municipales, las debilitó quitándoles recursos, apoyos y atribuciones.

El plazo para hacer la entrega de la Guardia Civil se cumplirá en marzo de 2024, pero el gobierno de López Obrador echó a andar la maquinaria del Estado para prolongar la presencia militar en las calles hasta marzo de 2028. Insisten en que se mantendrá mando civil dado que dependerán del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas,  nuestra máxima autoridad civil, el presidente de la República. Bueno, eso francamente no es ninguna garantía, dado lo voluntarioso que es y renuente a escuchar a los especialistas o reconocer  los malos resultados obtenidos hasta hoy.

Y ni hablar de su iniciativa de paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania enviada a la ONU, creo que nuestro primer mandatario debe seguir su consejo, ese de que la mejor política exterior es la política interior, y que los posicionamientos en política exterior se los deje a los especialistas, porque también nuestro canciller, Marcelo Ebrard, con su selfie en los funerales de la reina, parece que la vanidad le hizo olvidarse del protocolo a cumplir como representante del pueblo mexicano en el Reino Unido.