Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Alito, factor decisivo

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo: Montesquieu

¿Estará usted de acuerdo conmigo en que últimamente al jefe del Ejecutivo parece no calentarle el sol, y su rictus es de severa preocupación, en total disonancia con sus dichos?  Hoy explicó en la mañanera que los constantes incrementos en el precio de la tortilla registrados en el país son su principal preocupación y que se va a reforzar el plan antinflacionario, porque eso es lo que afecta a la gente. 

Y sí, esa inquietud es compartida por cuando menos la mitad de la población nacional, según datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo de enero de 2022. El costo del alimento básico de la dieta del mexicano afecta especialmente a 17 millones de mexicanos que ganan entre 1 y dos salarios mínimos y sus familias, 2.5 millones de desocupados, 25 millones de menores de edad que aún no se incorporan a la población económicamente activa y dependen de sus mayores.

Aunque el mandatario insista, así lo subrayó en su informe, «vamos bien en materia económica», reconoce que «tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación». A pesar de que su enorme ego dispone de mecanismos de defensa que le hacen esgrimir otros datos, aquí la realidad alterna se cae, recordemos que en julio alcanzamos el 8.9 % de índice inflacionario, el más alto desde el año 2000, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ayer se reunió con dirigentes de las cúpulas empresariales e informó que la Secretaría de Hacienda hablaría con los dueños de Maseca y Minsa, el duopolio que controla el mercado de harina de maíz en el país, con 70 y 20 % de la producción, respectivamente, según dijo, para escuchar su justificación sobre el aumento del precio de kilogramo de tortillas, mismo que pasó de 14.33 pesos en 2018 a 20-22 pesos actualmente. López Obrador, anunció,  hablará con las tres cadenas comerciales –Walmart, Chedraui y Soriana– que venden el 80 % de productos básicos en el país para que apoyen a combatir la inflación.

La cita anterior muestra el estilo de gobernar del mandatario: autocrático, sin duda, su visión y autoridad unipersonales son prevalentes y para ello siempre emite su juicio moral sentencioso, reductivo y omnímodo, e invoca la emocionalidad del auditorio: “Con los dos (los empresarios y las cadenas comerciales) tenemos buenas relaciones y queremos hablar con ellos para esto y otras medidas que vamos a tomar pero lo que queremos es que ayuden”. Sin dejar de lado la advertencia: “Lo que no se puede es que en una época de crisis, de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias”.

Si comparamos la imagen del candidato con el gobernante, AMLO luce desgastado física y moralmente, pero trata de compensarlo mejor vestido y acicalado, apela a que lo vean creíble cuando las dudas sobre su asertividad y buen juicio son crecientes. Las cosas en el país van mal, además de la inflación sin precedente, no paran los cruentos asesinatos, los feminicidios, las desapariciones. La política de seguridad pública es un verdadero fracaso.

Sin pecar de ingenuidad, son sensatos los exhortos de Estados Unidos sobre la necesidad de enfrentar la inseguridad «juntos como socios» comerciales y geopolíticos, ya que sin «seguridad no hay prosperidad», afirma el embajador Ken Salazar, llama al Estado mexicano a trabajar en seguridad, economía, salud y cambio climático. 

Pssst, señor presidente, eche a andar la maquinaria burocrática para que atiendan la compleja e impostergable agenda gubernamental para realizar la cobertura de los servicios básicos de salud, educación y seguridad social, que devenguen los servidores su salario con creces, y por favor ocúpese de lo prioritario, es momento de atender, con especialistas y personal capacitado, este llamado de nuestro poderoso vecino del norte.

Recuperemos la división de poderes. En el máximo tribunal constitucional del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizan malabares jurisprudentes, interesantísimos, pero que sacan a la luz las dificultades para corregir aberraciones constitucionales, como es la Prisión Preventiva Oficiosa, cual atenta contra los derechos humanos de más de 90 mil presos sin juicio, la prisión les fue impuesta en automático, los cuales son víctimas en parte de las adiciones a la norma –Art. 19 Constitucional–, y responden, en mucho, al rezago judicial, puesto que rebasan el límite de dos años encarcelados para dictarles sentencia.

Mañana, jueves 8 de septiembre, la Suprema Corte decidirá sobre mantener o quitar la prisión preventiva oficiosa. Hay mucha espectación por esta decisión histórica, de por sí difícil se ha complicado más a los ministros, dado que el Ejecutivo los amaga para influir su juicio a favor de su percepción, él se ha pronunciado por que se mantenga, aún cuando la CIDH la ha declarado inconvencional, o sea contraviene los convenios internacionales en materia de derechos humanos signados por nuestro país.

El presidente debe dejar de exigir obediencia a quienes promovió para ocupar cargos en los poderes Legislativo y Judicial, ellos deben mantenerse independientes. Tampoco debería poder exigírsela a sus subordinados en el Ejecutivo, quizá de haberlos escuchado hubiera evitado gastos billonarios en obras catastróficas hechas, eso sí, con buenos propósitos. 

Recuperar la salud pública exige de la suma de capacidades, saberes y talentos de ministros, magistrados, gobernantes estatales y municipales, secretarios de Estado y todos los empleados públicos de jerarquía que se deben al bien común de la Nación. No necesitamos servidores públicos amlovers que antepongan sus lealtades, intereses y ambiciones personales.

No se confundan, no están al servicio de un proyecto unipersonal, menos aún si este impide recuperar la seguridad de la República, restituir el control civil de las policías al gobierno democrático y llevar a los militares a los cuarteles, acabar con los narco territorios, enfrentar la impunidad en más del 90% de los delitos, disminuir realmente la pobreza y la desigualdad, crear empleos, controlar los flujos migratorios, recuperar la educación pública laica, apartidista y desideologizada; restituir los servicios de salud y la compra y abasto oportunos de medicamentos, son algunos de los retos.

En el Congreso de la Unión están obligados a actuar como representantes del pueblo y del Pacto Federal. En la Cámara de Diputados vía fast track –Morena y aliados, PT y PVEM– se aprobó pasar la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora el Senado decidirá si aprueba la militarización del país, y resiste las presiones del gobierno morenista para desactivar la alianza opositora, integrada por PAN, PRD Y PRI. 

Estamos por conocer si triunfan las amenazas de desafuero y prisión contra el líder del PRI, Alejandro Moreno, sometido a una persecución de los gobiernos federal y del estado de Campeche, para resquebrajar al bloque. Está en juego la coalición con miras a las elecciones del 2024, antes a prueba con las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. 

Los senadores del PRI ayer fueron sorprendidos por una «sospechosa» iniciativa de reforma constitucional al quinto transitorio presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, apoyada por Rubén Moreira, el coordinador de la fracción partidista en la Cámara de Diputados y festejada por AMLO, a fin de mantener la Guardia Nacional bajo mando militar hasta el 2028. 

Al respecto el coordinador del Revolucionario Institucional en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, se declaró en contra, y dijo que el bloque senatorial no cederá. El presidente del PRI, ayer y hoy, tratando de salvar el pellejo, y emplazado a definirse por PAN y PRD, rechazó «recibir ultimátums ni de aliados ni de adversarios», y afirmó que «tener un proyecto conjunto no quiere decir que coincidamos en todo». 

El PRI con todos sus errores del pasado debe demostrar que pese a las presiones cuatroteístas sigue siendo una opción viable democrática, se mantiene integrado a la coalición Va Por México, y deberá convencer a Alito de renunciar porque es mejor pasar a la historia como un mártir que como un traidor.