Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

El Teatro Guiñol                                                                         

«La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad»: Antonio Gramsci

Ahora se sumó el mismísimo Papa Francisco al dolor que invade a los mexicanos ante el clima de barbarie que prevalece en el territorio nacional con costo de un centenar de vidas cada día, sin que haya estrategia efectiva de seguridad pública gubernamental para enfrentar a los grupos delincuenciales organizados: ellos sí muestran su poderío siniestro ante un gobierno amistoso, incompetente e inerte.

Qué más tiene que pasar para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador toque la alarma de emergencia nacional y convoque al Gabinete de Seguridad Nacional, junto con el Congreso de la Unión, académicos y expertos para acordar un nuevo plan de estrategia que sustituya a la actual, totalmente fracasada, incapaz de garatizar paz y seguridad públicas. 

Será que analistas, como la periodista Anabel Hernández, tienen completa razón y la Cuarta Trasformación, al frente su carismático y populista líder, esté avanzando para coronarse como un narco-Estado. De otra forma no se entiende cómo la resolución a la compleja problemática del país no ocupa los esfuerzos y posibles talentos del primer mandatario y los servidores públicos designados por AMLO como  «corcholatas» (precandidatos presidenciales).

Todos ellos, militantes de Morena, siguen con particular gozo el  banderazo de salida a la carrera por la sucesión presidencial del 2024, dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, sin interesarse por la problemática del país, autopromoviéndose frívolamente.

La ciudadanía debe cuestionar la honestidad y resposabilidad de quienes pese a estar contratados para desempeñar altos cargos públicos con voluminosos salarios, sin pudor alguno, incurren en la ilegalidad al realizar actos adelantados de campaña que provocan inequidad en la contienda.

Mientras, el teatro guiñol grotesco e indigno se escenifica en el centro del poder público, en el territorio nacional todos los días hay muertos, personas asesinadas a manos de grupos delincuenciales cuya impunidad es casi total, por eso el número de víctimas crece, los escenarios macabros se multiplican y extienden abarcando territorios antes libres y hasta sitios recónditos, como la Sierra Tarahumara, donde recién asesinaron a dos sacerdotes jesuítas y a un guía de turistas, Pedro Heliodoro Palma,  generando la repulsa mundial.

Aunque todas las muertes injustas son lamentables, la tristeza y desolación ante el sacrificio de misioneros de la Compañía de Jesús alcanzó al Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano, primer jesuita elegido como sumo pontífice.

Los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, conocidos como El Gallo y Morita, mereció la condena unánime de las organizaciones progresistas y humanitarias nacionales y extranjeras. El caso ha vuelto a atraer las miradas a nuestro país, un México necesitado de inversiones extranjeras, de turismo, productividad, empleos…pero cuyo gobierno no ofrece seguridades ni garantías.

No es para menos, la Compañía de Jesús en México tiene presencia desde hace más de un siglo, existen misiones donde es necesario apoyar a comunidades en extrema pobreza, lugares marginados y zonas deprimidas en donde generalmente los esfuerzos del Estado mexicano no llegan, ese es el caso del templo en Cerocahui, Chihuahua, municipio de Urique, lugar de barrancas cercano a las del Cobre.

Y sí, hay que sumarnos a la condena y exigencia de justicia de los jesuitas de México, quienes demandan del Gobierno la recuperación de los cuerpos de los sacerdotes asesinados, sustraídos del templo por gente armada, quienes además secuestraron a otras cuatro personas. Exigen también «de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de nuestros hermanos jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui».

El comunicado emitido ayer por la congregación lastimada, abunda en una realidad lacerante: «Hechos como estos no son aislados. La sierra tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos».Y advierten que los jesuitas de México «no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad».

Bien haríamos los ciudadanos en alzar la voz y no dejarnos manipular ante hechos probatorios de la laxitud y probable complicidad del gobierno con el Cártel de Sinaloa, ya que el presunto asesino, según testigos y autoridades, José Noriel Portillo Gil, apodado «El Chueco», es un conocido operador de Los Salazar en los ilícitos de tala y narcotráfico en esa zona, es un brazo armado del Cártel encabezado por los hijos de El Chapo Guzmán.

El presunto criminal inexplicablemente no ha sido requerido ni detenido por las autoridades, pese a estar presuntamente involucrado en el ataque a la comandancia de la policía de Urique, el 6 de septiembre de 2017, en el asesinato del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, en 2018, y en el secuestro y homicidio del activista Cruz Soto Caraveo, en 2019. Si gobernantes y autoridades cumplieran con su obligación, esta trágica historia podría haberse evitado.

Si queremos que las cosas cambien, al país vuelva la paz, debemos ser exigentes con nuestros gobernantes para demandarles que apliquen la ley y frenen  la violencia: en tres años y medio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 121 mil 655 homicidios dolosos, con lo que el gobierno de AMLO se perfila, ya, como el más violento de la historia de México.

En 42 meses de la actual administración, se han superado las 120,463 muertes violentas ocurridas durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, y está a poco más de 34,000 de rebasar la violencia registrada de su antecesor Enrique Peña Nieto. No existen datos que permitan inferir que la política anticrimen ha tenido algún impacto positivo en materia de seguridad pública,  ni en aspectos sociales, financieros o económicos.

Ayer, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, estimó que es tiempo de que el Congreso de la Unión revise el plan de seguridad, sin tabúes, sin ideologías y sin intereses partidistas, no debe darse tregua a la lucha contra la delincuencia organizada, es necesario  buscar la manera de mejorar, profundizar y proponer ideas para reforzar la estrategia anticrimen.

Reconoció el líder senatorial de Morena que la inseguridad es una asignatura pendiente, y lo más delicado es que en esta lucha, la delincuencia tomó la delantera en eso de estar organizada y mantener una estrategia bien diseñada y orquestada, además de hacer uso de nuevas tecnologías (drones, redes). Faltó que mencionara cómo ha crecido el poder económico de los criminales para poder adquirir el mejor armamento, moderno y altamente letal.

Sin embargo, será muy difícil que la conducta del caudillo que nos gobierna desde 2018 cambie, seguramente hará oidos sordos al senador Monreal, porque según su personal sentido del Poder, el presidente siempre tiene la razón, un líder populista jamás se equivoca ni acepta que alguien, siendo su subordinado y de Morena, le trate de enmendar la plana o exhiba capacidad de autocrítica, faltaba más, si por eso no lo incluyó como «corcholata».

Parece que el presidente López Obrador no piensa modificar su política de abrazos no balazos, respeto a derechos humanos de delincuentes y su reconocimiento a la paz que se genera cuando un cartel mantiene  el control; así como las reuniones fallidas con el Gabinete de Seguridad antes de la conferencia mañanera, donde recomienda a los elementos de seguridad que no enfrenten a los infractores con violencia…

También se mantendrá al margen de las leyes electorales, en plena campaña financiada con recursos públicos por el triunfo de una de sus «corcholatas» en el 2024, poniendo desde su púlpito los temas de la confrontación, denostando a los sectores críticos, como los académicos y científicos. Lo tiene muy claro: hay que mantener su movimiento en el poder, a toda costa. Por el bien de los mexicanos, ojalá me equivoque y nuestro presidente escuche voces distintas, no sólo a quienes lo obedecen. Es urgente poner orden en casa.