Miscelánea, salud y política

Unidad en el Congreso: ¿Triunfo o derrota moral?

Cuando el gobierno se involucra en
negocios, los negocios se convierten
en política y la política se convierte
en corrupción: Patrick O’Rourke
Con el apoyo unánime de los 472 diputados presentes en la sesión del martes 10
de marzo –opositores y oficialistas— fue elegido Aureliano Hernández Palacios
Cardel como el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para
el periodo 2026-2034. Lo que parecería buena razón para aplaudir es motivo
preocupante que retrata la naturaleza de nuestra clase política.
Luego de acres confrontaciones ideológicas y hasta agresiones físicas los
integrantes de la Cámara de Diputados, la encarnación de la soberanía popular
logró un consenso, lástima que este no beneficiará al pueblo, pues no se trata de
cumplir con la encomienda de fiscalizar la cuenta pública, o sea el buen uso de los
recursos federales por parte de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial),
los órganos autónomos, estados y municipios.
Se unieron para elegir a un auditor, y sus críticas aseguran que pertenece a un
equipo experto en realizar revisiones obsequiosas para el servidor público
responsable de obras o prestación de servicios, con resultados improbables de
“cero observaciones”, al menos esa es la fama que guarda el equipo de David
Rogelio Colmenares Páramo, titular de la ASF del 15 de marzo del 2018 al 10 de
marzo de 2026.
Investigaciones amplias y bien documentadas sobre el mal desempeño de
Colmenares fueron realizadas por la decana de transparencia y exdiputada federal
María Elena Pérez-Jaén Zermeño y la auditora forense Muna Dora Buchahín,
ambas entrevistadas este miércoles 11 de marzo por la periodista Carmen
Aristegui en su noticiario.
Además de las críticas de las expertas quienes dicen ostentar pruebas de alta
corrupción en el equipo del auditor saliente, existen evidencias de que Colmenares
Páramo fue complaciente con la administración de López Obrador, a la que sólo
realizaron 28 auditorías entre 2019-2024 –representan la séptima parte de las 191

realizadas en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto–; con disminución del
81% en la recuperación de los recursos
Sin embargo, David Colmenares buscó la reelección como auditor, quería otros 8
años en Jauja. Esto pese a las acusaciones que le han hecho sus críticas y
críticos por fiscalizar “a modo”. Como ejemplos, en 2020 auditó solo el 0.014% del
costo de la refinería Dos Bocas y canceló 114 auditorías durante la pandemia de
Covid.
Pero lo más alarmante es que ante el enojo del presidente López Obrador porque
la ASF dio a conocer un costo de 331 mil 996.5 millones de pesos por la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM),
ajustó las cifras y “admitió inconsistencias” para reducir en 218 mil 669.4 millones
de pesos las pérdidas, así quedaron en 113 mil 327.1 millones de pesos, cantidad
concordante con la estimación de AMLO. Así o más condescendiente el exauditor
con el poder.
El nuevo auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien recibió el
beneplácito unánime de los diputados, ha externado su lealtad al equipo de David
Colmenares; pero además es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios
Mirón, exsecretario particular de la presidente Claudia Sheinbaum cuando fue jefa
de gobierno de la CDMX. Estas cartas credenciales para la exlegisladora Pérez-
Jaén “muestra una cercanía con el poder que contamina y genera muchísimas
sospechas”.
La auditora forense Dora Buchahín, por su parte, presentó en Aristegui Noticias un
mapa de vínculos familiares en el que figura el nuevo auditor superior de la
federación, quien llegó a la ASF de la mano de Emilio Barriga y se convirtió en su
colaborador más cercano.
Barriga aspiró también al más alto cargo en la ASF, para ello renunció como
auditor especial de Gasto Federalizado, donde estuvo 5 meses, y antes fue
director general de Gasto Federalizado (de 2020 a octubre 2025). Sobre él pesan
acusaciones de graves irregularidades en cuentas públicas estatales y
municipales.
Buchahín presentó el diagrama con los nombres de varios integrantes de la familia
Hernández Palacios como parte de grupos de poder, corrupción e impunidad que
operan en la Auditoría Superior de la Federación y en otras áreas de fiscalización
y control del gobierno federal, les llamó “el cartel” que opera como red de
protección e impunidad desde 2018 hasta la fecha.

Hace 42 años, cuando se creó la Secretaría de la Contraloría General de la
Federación (CGF) como parte de la política de renovación moral de la sociedad,
en el sexenio de Miguel de la Madrid, se acostumbraba decir que había que crear
una cultura ciudadana de servicio púbico, que abarcara el servicio profesional de
carrera para controlar y normar a los servidores de la Administración Pública
Federal. Se decía que se perdía más por ineptitud e ineficiencia que por
corrupción.
Desde entonces las contralorías internas y externas de dependencias y entidades
públicas, al menos la mayoría, no vigilaban las finanzas sanas y el manejo probo
de los recursos. Generalmente los profesionales contables internos actuaban para
justificar gastos personales excesivos de los altos funcionarios y sacar a flote a la
cabeza institucional frente a requerimientos externos.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría pronto se dio cuenta de que no todos
los servidores públicos eran iguales, había sectores poderosos e intocables, como
la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas y PEMEX, entre otras
dependencias a quienes acabó por no exigirles demasiado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue creada tras la reforma
constitucional de 1999, sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda (existente
desde 1824), y entró en funciones el 1 de enero de 2000.
Surgió en un contexto de transición democrática y exigencia ciudadana de
rendición de cuentas y transparencia, con facultades para auditar los recursos
públicos federales con autonomía técnica y de gestión, dentro de de la Cámara de
Diputados.
Respondió a la necesidad de mayor control en el manejo del presupuesto por
parte de los tres Poderes de la Unión, con atribuciones de fiscalizar la Cuenta
Pública Federal de manera autónoma, profesional y técnica y auditar a los tres
poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), órganos autónomos, estados, municipios
y a cualquier ente que maneje recursos públicos federales.
Su desempeño permitiría comprobar si los recursos se ajustaron a los criterios
presupuestales y si se cumplieron los objetivos de los programas, y de no ser así
podría fincar responsabilidades a funcionarios y promover acciones ante las
autoridades competentes por irregularidades. Posteriormente, con la reforma de
2015, se consolidó como la cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización.
Este gobierno, autoproclamado como de la Cuarta Transformación, ha marcado un
punto de inflexión en la transición democratizadora, aduce razones de austeridad y
centraliza todo en el poder Ejecutivo: las funciones de transparencia, acceso a la

información y fiscalización, antes a cargo de siete órganos autónomos, hoy
pasaron a la nueva Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno.
¿Quién pierde cuando fallan los controles de la hacienda pública y se suman a la
percepción creciente de desgobierno y corrupción? Pierde el pueblo mexicano, no
la entelequia ideológica inventada por un movimiento, sino todos los que
conformamos esta gran nación, hoy tan injustamente demeritada.