Miscelánea, salud y política

Sobre Desapariciones y La Elección Judicial

Qué tiempos serán los que vivimos,
que es necesario defender lo obvio:
Bertolt Brecht.

Grave error cometió la autoridad gubernamental al tratar de negar el sensible
problema de desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas que enfrenta
México, con más de 127 mil desapariciones acumuladas desde que comenzaron a
contarse. La mitad de ellas durante los 6 años y medio de la llamada Cuarta
Transformación y su política fallida de Abrazos no balazos
Los colectivos de buscadores de familiares desaparecidos no acababan de
celebrar que se les hubieran abierto las puertas de Gobernación, cuando volvieron
a revictimizarlos con sendas declaraciones de Presidencia, de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, del Senado, de la Cámara de Diputados y de
Morena, quienes en forma airada negaron la existencia de ese crimen de lesa
humanidad.
El senador Gerardo Fernández Noroña acusó de faccioso y atrabiliario al
presidente del Comité contra la desaparición forzada de la ONU, Olivier de
Frouville. Dicho Comité abrió el pasado 4 de abril un procedimiento para analizar
las desapariciones forzadas que ocurren “de manera generalizada o sistemática”
en México.
El senador morenista acusó al presidente del Comité de ser el autor y pidió su
destitución, con el apoyo del grupo oficialista en el Senado de la República, pero
los expertos en estos temas saben que nada se hizo a título personal y que fueron
los integrantes del Comité quienes emitieron dicha resolución.
El procedimiento inédito que se fundamenta en el artículo 34 de la Convención
Internacional en contra las desapariciones forzadas, fue interpretado por analistas
como una oportunidad para recibir apoyo científico y técnico para combatir este
lacerante crimen que es necesario atender y registrar conforme a protocolos
internacionales.
Consideraron un error decir que esta problemática no está ocurriendo, pues eso
sólo demuestra negación, ignorancia y soberbia que nos asemeja a las dictaduras.
Es recomendable que el gobierno mexicano corrija.

Otra fecha fatídica se acerca, faltan menos de dos meses para consumar el asalto
al Poder Judicial de la Federación, mediante una elección promovida por Andrés
Manuel López Obrador con el argumento de acabar con la corrupción, pero que en
el fondo esconde la ambición de darle al Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) el respaldo judicial, incondicional y necesario para preservarlo en el
poder.
La elección del domingo 1 de junio será la más grande de la historia: sólo a nivel
federal se elegirán 881 cargos, sin contar las elecciones en 19 estados del país
para renovar el poder judicial local.
Se elegirán 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del
TEPJF; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de
Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.
Además de la complejidad de entregar 6 boletas con decenas de nombres más las
correspondientes a elecciones locales, si es el caso, los juristas advierten sobre
los riesgos de realizar una elección popular que no garantiza que lleguen los
mejores perfiles.
Llegarán juzgadores que representen las mayorías, quienes logren conseguir el
apoyo de organizaciones gubernamentales y movimientos sociales y por tanto
adquirirán compromisos políticos que tendrán que “pagar” con resoluciones
favorables.
El abogado Emilio Rabasa en su libro La Constitución y la Dictadura, escrito en
1912, se manifestaba desde entonces en contra de la elección popular, “los
magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie ni
expresar ni seguir voluntad ajena ni propia. En los puestos de carácter político, la
lealtad de partido es una virtud; en el cargo de magistrado es un vicio degradante,
indigno de un hombre de bien”.
Cierto que existen dudas sobre si la presidenta hubiera deseado imponer de forma
prioritaria y acelerada la reforma al Poder Judicial como está ocurriendo, tampoco
hay indicios de que ese cambio sustancial promovido por los coordinadores de las
mayorías morenistas en el Congreso, le genere preocupación alguna.
Este miércoles en la sección Detector de Mentiras de la mañanera, la jefa del
Ejecutivo aseguró que “la elección judicial no implica una reestructuración fiscal o
monetaria, por lo que no genera incertidumbre en los criterios que generan
inversión en el país”. ¿Será?

Cuando haya diferendos por parte de inversionistas extranjeros ¿cree usted que
algún juzgador podría dictaminar en contra de un gobierno que dinamitó la carrera
judicial y despidió a los mejores para impulsar a sus partidarios? Esa posibilidad
frenará, sin duda, a inversionistas previsores.
Aunque la vecindad con el mercado estadounidense sigue jugando a favor de
México, las amenazas arancelarias de Trump en contra, han mantenido a nuestro
país en el lugar 25 entre 25 economías, cuatro posiciones por debajo del sitio
alcanzado en 2024 (Kearney México).
Ya existen ejemplos de cómo se dejan pasar infracciones a partidarios, como es el
caso de las tres ministras Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres quienes
perdieron su calidad ética de autonomía e imparcialidad a que estaban obligadas
como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta ahora la “no plagiaria”, “la chulada de mujer” y “la ministra del pueblo” han
gozado de la protección gubernamental para realizar actos anticipados de
campaña por la presidencia de la SCJN, a la que han invitado a organizaciones y
movimientos sociales.
Cierto que en la elección del 1 de junio habrá un grupo de juzgadores que sí
proceden del Poder Judicial y han hecho carrera profesional, pero la nueva
conformación sólo los incluyó como excepción a la regla. La mayoría cuenta con el
aval de grupos de poder de Morena.

—oo0oo—