Combatir al crimen
Periodo de prueba para México
Entre un gobierno que lo hace mal y
un pueblo que lo consiente, hay una
cierta complicidad vergonzosa: Víctor
Hugo
A días de que Donald Trump tome posesión, aumenta el flujo de deportaciones de
migrantes mexicanos como resultado de órdenes de expulsión dictadas por jueces
de Estados Unidos. Simultáneamente, en el sur del país, las primeras caravanas
de migrantes del 2025 se dirigen de Chiapas, Oaxaca o Veracruz hacia el norte.
Las presiones migratorias para México aumentan para hacer frente a las
demandas de asistencia humanitaria por parte de connacionales que serán
repatriados y las caravanas migrantes, integradas principalmente por
latinoamericanos, quienes con o sin permiso cruzan nuestro territorio bajo el
asedio de guardias nacionales y agentes del Instituto Nacional de Migración.
Tiempos propicios para ejercitar la empatía con mexicanos y extranjeros que
huyen del infortunio en sus lugares de origen y, a pesar de la amenaza que
representa el crimen organizado en territorios bajo su control, se internan en el
país rumbo al norte, con riesgo de ser secuestrados, extorsionados, capturados o
asesinados.
Los reportajes periodísticos sobre los preparativos del gobierno mexicano para
enfrentar las deportaciones anunciadas por Trump, una vez tome posesión el
lunes 20 de enero, muestran un operativo montado por la cancillería en los 53
consulados mexicanos en la Unión Americana.
Las previsiones del gobierno mexicano se suman a las acciones permanentes que
realizan redes de ONG defensoras de derechos humanos; la ACNUR, oficina de la
ONU para atención de refugiados y otras instituciones humanitarias. Sin embargo,
en las principales ciudades fronterizas mexicanas no existía suficiente apoyo
estratégico ni recursos federales, al menos hasta hace unos días.
El municipio de Tijuana, Baja California, se declaró en emergencia preventiva;
mientras que Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, buscan
coordinar los servicios disponibles en refugios auspiciados por organizaciones
sociales, religiosas o caritativas, para enfrentar la contingencia.
El exembajador de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez Ebergenyi,
comentó a Aristegui Noticias que, de los 40 millones de inmigrantes radicados en
Estados Unidos, un tercio ya son americanos, otro tercio son residentes legales y
en el último tercio se integran los trabajadores ilegales indocumentados.
Explicó que será imposible la deportación masiva porque son indispensables para
trabajar en los sectores de la construcción y agrícola, entre otros. Si no, ¿quiénes
reconstruirán las casas quemadas de Los Ángeles y levantarán las cosechas?, por
lo que, cree el embajador Basáñez, que los empresarios estadounidenses
presionarán para retener a la mayoría.
Sin embargo, aunque los peores vaticinios no se cumplan, el gobierno mexicano
debe esforzarse en prevenir, en lo posible, el retorno de la mayor cantidad de
emigrantes mexicanos. Así como el gobierno obradorista celebró sus remesas
como un triunfo propio, ahora que les creen empleos en tierras nacionales.
De esta forma podría arrancar el ambicioso Plan México, difundiendo las
inversiones privadas que lo sustentan. Lo que pondría fin al escepticismo,
respecto a cómo se logrará que México sea la décima economía mundial, cómo se
convertirá en uno de los cinco destinos turísticos más visitados del mundo y cómo
se reducirá la pobreza y la desigualdad social.
En octubre de 2023, de más de 7 mil inmigrados mexicanos enjuiciados en
Estados Unidos, el 37% recibió la orden de deportación; mientras que, en octubre
de 2024, de 11 mil casos, los jueces estadounidenses expulsaron al 66%, más de
7 mil.
Así la tendencia incentivada por el nuevo liderazgo de un Donald Trump
antimigrante, antimexicano, anti buena vecindad… anti todo lo que se pueda
oponer, según sus creencias y promesas, a la «recuperación» de la grandeza de
Estados Unidos de América como la potencia mundial.
Y hay que creerle a este hombre quien, pese a ser considerado un criminal por la
justicia de su país, con una treintena de acusaciones en su contra por diferentes
delitos y varios fallos de culpabilidad, en pocos días llegará a ser el presidente 47
de los Estados Unidos de América. Así la realpolitik…
Conforme al embajador Miguel Basáñez, en Estados Unidos desde 1970 manda
una plutocracia, o sea el dinero; mientras que, en México, según su libro ¿Quién
manda en México?, publicado en 2024, como resultado de una encuesta de
percepción, mandaba Andrés Manuel López Obrador (41%) y en segundo lugar el
crimen organizado (24%).
A partir de 1989, según el autor, luego de la detención del capo del narcotráfico
Miguel Ángel Gallardo, el crimen organizado accedió al círculo presidencial y
desde entonces ha estado conectado a ese nivel.
Conforme a esa tesis, la conexión iniciada con Carlos Salinas de Gortari se
mantuvo cinco sexenios: pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe
Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Asegura Basáñez que el enjuiciamiento y condena en Estados Unidos del
operador de la seguridad pública con Calderón, Genaro García Luna, es la mejor
prueba de ello. Quizá eso explique el perfil del nuevo embajador de Estados
Unidos en México.
Conforme a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella sólo está a cargo del segundo
piso de la Cuarta Transformación; originalmente, el primer piso y su estructura
legal fueron diseñados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su
llamado Plan «C».
Así lo ratificó la jefa del Ejecutivo en la fiesta por los 100 días de su gobierno, que
acabó siendo una exhibición del culto a la personalidad del caudillo macuspano y
su fiel discípula, en ese orden. Ahora, al menos en medios televisivos nacionales,
salvo excepciones, se ausentaron las voces de analistas independientes.
En el acto multitudinario se detectó la presencia de empleados de la
administración pública morenista, beneficiarios de programas sociales (tercera
edad y becarios) y organizaciones sindicales encabezadas por la Confederación
Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), ubicada al frente de
los contingentes. Lo que dejó entrever avances en la restauración del viejo orden
hegemónico.
El autollamado gobierno del pueblo procedió como el viejo PRI: la «gente buena»
fue acarreada al zócalo desde la madrugada, se les pasó lista de asistencia y se
les exigió estar de pie afuera de la Plaza Mayor frente a pantallas –sin sonido–.
Mientras la nueva élite gobernante ocupó el zócalo en zona de sillas.
Veamos cómo se desempeña el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum
frente a lo que se vaticina como la peor pesadilla por venir. Ante el acoso externo
e interno por la necesidad de que el Congreso apruebe 73 ordenamientos
secundarios derivados de las reformas constitucionales aprobadas al vapor, y
cómo se consumará la desaseada elección de magistrados y jueces del Poder
Judicial.
Quizá podría surgir una inesperada resiliencia de quien acabe por decidirse a
asumir el liderazgo presidencial y cumpla con sus atribuciones constitucionales.
Las facultades presidenciales aún no se han reformado ni contemplan primero o
segundos pisos.