Miscelánea, salud y política

Remar contra la corriente

Los principales adversarios del populismo son la
verdad, los hechos y la justicia social, ya que
ningún populista desea ser expuesto, refutado o
rendir cuentas por las promesas incumplidas: Luis
Gabriel Carrillo Navas
 

Si el estado de la Administración Pública dependiera de una encuesta de
popularidad, México estaría bien, con una calificación de 8 de 10, ya que la
primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llega a sus primeros
100 días de gobierno con una aprobación del 80 por ciento, de acuerdo con los
resultados de la encuestadora De las Heras Demotecnia.
Pero, aceptando que la encuestadora creada por la prestigiada María de las Heras
aplicó una metodología que cumple con las normas técnicas y científicas que
avalan el resultado, el grupo de personas opinantes seleccionado refleja que la
mandataria goza de confianza y aceptación entre el 80% de mexicanas y
mexicanos.
Siendo así, me ubico entre el 20 por ciento restante, y me toca remar contra la
corriente, no por «contreras», sino por convicción en que debe existir consciencia
sobre el proceso de descomposición republicana y democrática que en el país se
inició en 2018, con la elección de Andrés Manuel López Obrador, y casi
consumado con las reformas aprobadas por Claudia Sheinbaum.
En este contexto, no es que antes de esa fecha todo fuera perfecto, sino que al
menos existía un proceso democratizador; ahora se ha iniciado la conversión al
autoritarismo del sistema político mexicano.
En ese camino emprendido por el grupo gobernante, todavía aparecen obstáculos
legales que están pausando el salto al vacío que implica, por ejemplo, la reforma
al Poder Judicial de la Federación impulsada por los morenistas.
De ahí que la suspensión del proceso electoral extraordinario para la elección de
diversos cargos judiciales del periodo 2024-2025, emitida por el Comité de

Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), este 7 de enero de 2025,
podría ser un indicio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como
máximo tribunal constitucional, aún no ha dicho la última palabra en materia de
amparos.
En este caso se trata de una medida cautelar emitida por el Juzgado Primero de
Distrito en el estado de Michoacán, dentro del incidente de suspensión 1074/2024,
que se deriva de un juicio de amparo interpuesto contra las recientes reformas
constitucionales y legales en materia judicial debido a que estas afectan
directamente los procedimientos previstos para este proceso electoral
extraordinario.
Aunque la presidenta Sheinbaum invoque que la SCJN no debe involucrarse en
una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asegure
que el amparo es improcedente por ser materia electoral, todavía existe una
Suprema Corte autónoma al Poder Ejecutivo, y deberá acatarse esta suspensión
hasta que la situación jurídica de fondo sea resuelta o se determine la
modificación de la medida cautelar.
Varios organismos autónomos ya han sido «colonizados» por el gobierno de la
Cuarta Transformación. Por orden de aparición están: la FGR, con Alejandro Gertz
Manero; la CNDH, con Rosario Piedra Ibarra; el TEPJF, con Mónica Soto Fregoso;
y el INE, con Guadalupe Taddei.
Otros están en vías de extinción como organismos constitucionales autónomos,
desde el 20 de diciembre en que el Diario Oficial de la Federación publicó las
reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo Federal y los
Congresos Estatales con premura sin precedente ni reflexión alguna por parte de
la mayoría legislativa oficialista.
En ese caso están: INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales) y el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social). Organismos que, al desaparecer, dejarán sin
transparencia a la acción pública y sin estadísticas confiables sobre la pobreza.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), que pasarán a la Secretaría de Energía, y el Sistema Nacional de
Mejora Continua de la Educación (Mejoradu), que se incorporará a la SEP, con lo
que se acabarán las evaluaciones independientes.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), que se incorporan al organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), ambos pasarán a integrarse a la
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT).Otro caso de
convertir en juez y parte a órganos reguladores.

Es curioso que la gente aplauda a la presidenta Sheinbaum la clausura del periodo
de transición democrática que se inició en el año 2000 cuando el PRI, el partido
hegemónico, perdió la presidencia de la República, y lo hizo en forma pacífica
gracias a instituciones autónomas como el INE, el TEPJF, actualmente
intervenidas.
Pudo iniciarse entonces un periodo de normalidad democrática (2000-2018), y hoy
se trata de soslayar que, gracias a los organismos autónomos, en 2018, Andrés
Manuel López Obrador llegó al poder con una propuesta de realizar un gobierno
democrático de izquierda, la cual incumplió.
No se democratizó el poder, ni se esclarecieron los crímenes de Estado, como el
de Ayotzinapa; ni se combatió la corrupción. Se atacó a integrantes de la sociedad
civil que ayudaron a encumbrarlo.
Al Ejército no lo enviaron a los cuarteles, sino que le asignaron la seguridad
pública y más de 200 nuevas atribuciones para, por razones de «seguridad
nacional», usar recursos públicos sin rendir cuentas; se trastocaron los
mecanismos institucionales de división de poderes y se extinguieron organismos
autónomos, entre otras aberraciones.
Quizá sea que las reservas obtenidas por el Banco de México, organismo
autónomo aún; el impulso al comercio exterior –gracias al T-MEC–, ambos
órganos de la transición democrática neoliberal, más el oneroso y proselitista
sistema de transferencias mensuales de pensiones y becas establecido por el
gobierno populista de AMLO, continuado y ampliado por Sheinbaum, alcanzó
hasta ahora para dar alta popularidad a los presidentes morenistas.
Pero ahí viene Donald Trump; el presidente electo de Estados Unidos, otro
mandatario populista, tomará posesión en unos días. Llegará por segunda vez al
poder, ahora superpotenciado, fortalecido con el apoyo mayoritario del Congreso,
con un equipo integrado por reconocidos antimexicanos.
Ha prometido acabar con la violencia e inseguridad que amenaza sus fronteras;
combatirá a los carteles del narcotráfico; terminará con la producción de fentanilo
en el país; pondrá aranceles a mercancías mexicanas; deportará a nuestros
connacionales migrantes, hasta quiere cambiarle el nombre al Golfo de México
para convertirlo en Golfo de América…
Pondrá a prueba la inteligencia y capacidad real del gobierno mexicano. La
popularidad no es suficiente y no ayudará afirmar que el fentanilo no es nuestro
problema…

—oo0oo—