Mineros queretanos niegan incursión del crimen organizado

QUERÉTARO, Qro., 4 de agosto de 2025.-Mineros de la comunidad de La Plazuela, en el municipio de Peñamiller, rechazaron las acusaciones de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), que vinculan a dicha zona con operaciones de un grupo delictivo para la extracción ilegal y contrabando de mercurio hacia países sudamericanos como Perú.

Los trabajadores del sector minero negaron cualquier relación con el crimen organizado y pusieron en duda la veracidad del informe presentado por la EIA, al señalar que sus actividades se desarrollan bajo esquemas legales y con concesiones debidamente otorgadas. Además, explicaron que la venta de cinabrio —forma bruta del mercurio— resulta poco rentable para ellos, en comparación con la venta del metal procesado, lo que desincentiva el comercio ilícito.

Respecto a las afirmaciones de la existencia de minas fortificadas, los mineros señalaron que no existen tales estructuras. Sin embargo, explicaron que miembros del ejido colocaron cámaras de videovigilancia y un arco de acceso a la localidad como medida preventiva, luego del robo de una caja de seguridad en la mina conocida como Cristo Vive. También se instalaron portones y cadenas para el resguardo de las instalaciones.

Los mineros relataron que en una ocasión sujetos desconocidos intentaron ingresar por la fuerza a la zona de minas, sin identificarse adecuadamente. Posteriormente supieron que se trataba presuntamente de investigadores de la EIA, lo cual cuestiona la versión del organismo estadounidense sobre una supuesta amenaza del grupo delictivo hacia sus agentes.

En relación con los actores políticos mencionados en la investigación, los mineros señalaron inconsistencias. La mujer señalada como ex diputada federal del PAN nunca ocupó ese cargo y actualmente no milita en dicho partido. Sobre el empresario queretano mencionado en el informe, se indicó que su actividad como exportador de mercurio —incluso hacia Colombia, Bolivia y Perú— está documentada en archivos públicos desde antes de la entrada en vigor del Convenio de Minamata (2017), que permitió la comercialización del metal hasta 2023, por lo que sus operaciones habrían sido legales en ese periodo.

Finalmente, indicaron que no existe una postura oficial de las autoridades peruanas sobre el supuesto decomiso de cuatro toneladas de mercurio en sus aduanas, ya que aún no se confirma que el material confiscado sea efectivamente mercurio. Las autoridades del país sudamericano se habrían dado un plazo de 90 días para completar las investigaciones correspondientes.