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QUERÉTARO, Qro., 19 de julio de 2024.- En su columna en la revista Siempre!, Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, abordó las deficiencias del sistema judicial mexicano en la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente en casos de violencia familiar y otros delitos graves.
Tinoco recordó que en 2006, la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia que exigía especificar con detalle las circunstancias de violencia familiar para actuar legalmente, conocida como la tesis «hasta que llore sangre». Sin embargo, esta fue abandonada en 2011. El ministro José Ramón Cossío había criticado esta tesis, sugiriendo que el Estado debía intervenir rápidamente en familias con menores para evitarles sufrimiento innecesario.
El presidente de la Comisión también señaló que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite el juicio abreviado bajo ciertas condiciones, como la aceptación de responsabilidad por parte del imputado y la conformidad de la víctima.
Este proceso puede resultar en penas menores y medidas alternativas. Sin embargo, Tinoco cuestiona qué ocurre cuando las víctimas son menores y sus representantes legales, a menudo los propios perpetradores del delito, no protegen adecuadamente sus intereses.
Tinoco destacó la falta de consideración de la perspectiva infantil en estos procesos. Los menores no son consultados ni acompañados adecuadamente durante los procedimientos legales. Criticó que el sistema actual cosifica e invisibiliza a los niños y adolescentes, dejándolos a merced de decisiones de adultos sin garantizar su participación o comprensión del proceso.
El código, según Tinoco, es omiso al no establecer claramente que, en casos que involucren a grupos vulnerables como menores, mujeres, indígenas o personas con discapacidad, el tribunal debe evaluar si el juicio abreviado es adecuado y proteger los derechos de las víctimas.
En casos de violación u otros delitos graves contra menores, Tinoco resaltó que las decisiones a menudo se toman sin escuchar a las víctimas infantiles ni proporcionarles el apoyo necesario para entender las implicaciones legales. Lamentó que, incluso en el siglo XXI, las infancias y adolescencias sigan sufriendo cosificación e invisibilización en el sistema judicial.
Tinoco concluyó que es necesario rehacer el sistema jurídico para asegurar que se respete la dignidad y los derechos humanos de los menores, permitiéndoles participar activamente en los procesos que les afectan. Instó a redoblar esfuerzos para escuchar y considerar verdaderamente a las infancias y adolescencias en el sistema judicial.
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