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QUERÉTARO, Qro., 28 de febrero de 2025.- En una conferencia de prensa conjunta, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México explicó el reciente traslado de 29 generadores de violencia, entre ellos el conocido narcotraficante Rafael Caro Quintero, a Estados Unidos. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este movimiento se realizó debido a un riesgo latente de que los reos fueran liberados en México o sus procesos de extradición se retrasaran.
García Harfuch destacó que los reos, todos ellos requeridos por Estados Unidos por delitos graves como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, secuestro y tráfico de armas, representaban una amenaza a la seguridad nacional. Además, explicó que se tenía información sobre intentos de jueces de favorecer a algunos de estos criminales, lo que podría haber resultado en su liberación.
No fue una extradición, fue un entregamiento por seguridad
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que los 29 reos no fueron extraditados a Estados Unidos, sino entregados directamente al gobierno estadounidense a solicitud de seguridad nacional. Aseguró que esta medida no debe ser interpretada como un acto de extradición, sino como una entrega preventiva ante la amenaza que representaban para el país.
Gertz Manero también hizo un llamado a evitar especulaciones sobre las posibles penas que enfrentan los criminales, en particular sobre el riesgo de la pena de muerte, que ha sido mencionado por el Departamento de Justicia de EE.UU. para algunos de los implicados. Reiteró que las sentencias, incluidas las relacionadas con la pena capital, son decisiones tomadas exclusivamente por los jueces, no por el Gobierno de México.
Un acto de autoridad sin precedentes
El secretario García Harfuch subrayó que esta acción refleja el compromiso del gobierno mexicano con la seguridad nacional y con la política de cero tolerancia a la violencia y el crimen organizado. En su intervención, mencionó que algunos de los 29 reos habían sido solicitados por las autoridades estadounidenses desde hace más de una década, en algunos casos hasta 40 años, y que sus crímenes habían tenido un impacto devastador en México, incluyendo extorsión, homicidio y ataques contra autoridades.
La medida ha generado un debate en el país, pero las autoridades aseguran que el objetivo es garantizar que estos criminales enfrenten justicia de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, sin poner en riesgo la seguridad de México.