Libros de ayer y hoy

Creencias, Pro y la trampas de la fe

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Octavio Paz escribió sobre las trampas de la fe que le tendieron a Sor Juana Inés de la  Cruz, en la iglesia católica. Pero muchos otros, uno de ellos el revolucionario  sonorense Álvaro Obregón, fueron víctimas de las mismas. Las creencias son un derecho natural que las leyes reconocen y las hacen vigentes. La Constitución mexicana de 1917 las reconoce como derecho fundamental vinculadas a los derechos humanos. Usarlas en contra de esos derechos humanos, es un contrasentido. Y por lo tanto un delito grave. Los hechos históricos que hablan del uso de las creencias, en este caso religiosas, para eliminar a los que están en contra de esas creencias, tenían que ser castigados y no pueden ser usadas como ejemplo público cuando han sido utilizadas para hacer una agresión a la vida.  El famoso caso del sacerdote Miguel Agustín  Pro Juárez, que conspiró y apoyó en  asociación delictuosa el atentado contra el revolucionario, no es ningún ejemplo a seguir. La propia iglesia católica a la que pertenecía Pro Juárez, rescató su  memoria y la llevó a la Santa Sede para configurar un icono de martirio, cuando lo que hubo en evidencia fue un intento de asesinato que se concretó ocho meses después con la persona de José León Toral. Pro y sus cómplices de la Liga  Nacional de  Defensa de la Libertad Religiosa y más tarde el propio León Toral, fueron fusilados.

UTILIZAN NOMBRES DE PRESUNTOS MÁRTIRES, PARA DEFENDER INDICIADOS

Andrés Manuel López Obrador hizo una acusación directa contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (CentroProdh)  y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, por haber defendido según dijo, a procesados dejados en libertad por el Poder Judicial, cuando había acusaciones graves sobre ellos, en torno a los 43 de Ayotzinapa. Fuero liberados más de 70 de ellos,  por presuntas  torturas y abogados de ese centro les prestaron apoyo jurídico. A la par que exigían solución al caso de los estudiantes, apoyaban  y defendían a los presuntos victimarios, señalo el Presidente. El mencionado organismo tiene de funcionar 35 años haciendo labor social. Y al utilizar el nombre de un agresor en el caso del caudillo  Obregón, consideró sus propias creencias,  sin tomar en cuenta la sensibilidad de las personas, incluso católicas, que estaban y están con el movimiento revolucionario y reconocían a ese caudillo como liberador de las garras del porfiriato.  Y al hacerlo  el organismo y otros del contexto católico, han partido de considerar inocente a Pro, pero las pruebas están claras, se exhiben  por muchos años, hay direcciones de la casa de confabulación donde se reunían  y además de que el carro de donde se produjo el atentado contra Obregón, era de uno de los hermanos de Miguel Agustín, llamado Humberto. En el ataque posterior, realizado sobre el ex presidente de México que se había reelecto y tomaría posesión en diciembre de 1928, estuvo relacionada también una monja, María Concepción Acevedo de la Llata, la llamada madre Conchita. En ese caso los hechos fueron tan claros y evidentes, que los católicos se resistieron de usar el nombre de los involucrados cuando el caso de Pro era de la misma intención, pero no cuajó.

RESPUESTA QUE DESLINDA CULPABLES PARA CENTRARSE EN MILITARES

La denuncia  pública de López Obrador fue reconocida por el CentroProdh al aceptar que si se ha apoyado a personas que han sido involucradas y dejadas libres en el caso 43. Y de hecho el organismo quiere recalcar su humanismo  para apoyar a presuntos torturados y prefiere centrar la acusación en el ejército. Y lo mismo parodiando a los opositores a los que apoya la iglesia católica, habla de impunidad, violencia y encubrimiento sin tocar para nada a los verdaderos culpables de los sexenios pasados.  Lo que se capta que está haciendo el centro, es lo mismo que hizo con el padre Pro. Deslinda a los culpables, cuyas pruebas eran muchas, a partir de una concepción de inocencia que involucra la impunidad y  la aceptación de que se puede atentar a muerte contra alguien, como hicieron Pro y sus cómplices.  El derecho a promover sus creencias a partir de diligencias sociales que ellos mismos se han impuesto, no puede rebasar los principios que emanan de la Constitución cuya base primordial es el respeto a la vida.