Ley de seguridad interior y el marco legal ya existente

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2017.- Aunque se quiere politizar y llevar al conflicto social, la Ley de Seguridad Interior (LSI) era urgente para cerrar el ciclo de cobertura del escudo de defensa nacional. El debate es artificial porque México ya había definido legalmente los diferentes enfoques de la seguridad interior. Informa Quadratín Oaxaca.

El marco jurídico es amplio: la Constitución de 1917 faculta al presidente de la república a mover al ejército para asuntos de “seguridad interior”, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, el Programa para la Seguridad Pública 2014-2018, La Ley de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Agenda Nacional de Riesgos, el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza del 18 de octubre de 2017, el Consejo de Seguridad Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la fracción II del artículo 1 de la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa nacional ordena al ejército “garantizar la seguridad interior”, la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, además de las organización es legales dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México. En este sentido, nada de la LSI es nuevo.

En 2007 Felipe Calderón movilizó al ejército en contra del crimen organizado en Michoacán basado en la fracción VI del 89 Constitucional que establece la facultad presidencial de “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Las fuerzas armadas, posteriormente, fueron desplegadas en otras entidades de la república donde el crimen organizado había rebasado a las fuerzas policiacas. Hay ejemplos clarísimos de crisis en la seguridad interior que pusieron el riesgo al Estado: Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández, pactaron con el narco y recibieron dinero mientras eran gobernadores de Tamaulipas. Gobernadores y alcaldes de Michoacán también se aliaron a los narcos. Autoridades gubernamentales de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Jalisco, delegaciones de Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo, entre otras, se aliaron al crimen organizado y con ello atentaron contra el Estado y sus instituciones. La ley federal contra la delincuencia organizada, la Ley de Seguridad Nacional y las facultades legales de la PGR no alcanzaban para recuperar territorios del Estado que habían sido tomado por la fuerza por el crimen organizado porque los delincuentes repelían la desorganizada acción de policías federales y ya habían corrompido a policías estatales y municipales.

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