¡La Voz de la Igualdad!
El pasado 30 de septiembre, los 32 Consejos Locales del INE se instalaron y empezaron a trabajar. Están integrados por 6 Consejerías Electorales Locales, que son personas ciudadanas con diferentes profesiones, formaciones y trayectorias sociales. Con voz y voto, ante la vigilancia de los partidos políticos y en sesiones públicas, despliegan atribuciones fundamentales para el correcto desarrollo de los comicios.
Por ejemplo, vigilar el cumplimiento estricto de la Ley, así como de los acuerdos y resoluciones emitidos por los órganos superiores del INE, acreditar a la ciudadanía y a las organizaciones que participarán en la indispensable labor de la observación electoral y supervisar que los consejos distritales se instalen oportunamente y funcionen conforme a la normativa aplicable. Cada una de estas facultades protege principios esenciales: legalidad, participación, vigilancia partidista, autenticidad de los resultados y certeza jurídica.
Los consejos locales del INE son el punto de articulación indispensable entre las decisiones nacionales del INE y las realidades específicas de cada entidad. Son órganos temporales en su gestión, ciudadanizados, pero de permanente responsabilidad durante todo el proceso electoral; son espacios colegiados donde confluyen la experiencia profesional, el pluralismo político y la vigilancia ciudadana.
En entidades federativas tan extensas o complejas, diversas y vibrantes como las de la República mexicana, convive un mosaico de realidades geográficas, sociales y culturales que exigen una logística electoral de máxima precisión, pericia, experiencia y de máximo compromiso.
Y es que organizar elecciones en las entidades federativas significa comprender que no es lo mismo desplegarse en las extensas zonas rurales de Chihuahua que atender la concentración de millones de personas electoras en la Ciudad de México. No es lo mismo recorrer las comunidades serranas de Oaxaca que atender las zonas industriales y metropolitanas de Nuevo León. No es lo mismo distribuir documentación y materiales entre ríos y zonas inundables de Tabasco que llevarlos a localidades de la sierra de Durango. No es lo mismo desplegar personal por la península de Baja California Sur que atender localidades rurales y ciudades del Estado de México.
Organizar elecciones también significa reconocer que la diversidad cultural transforma la manera de acercarse a la ciudadanía. No es igual la logística en territorios de caminos sinuosos y pluralidad de lenguas indígenas, que hacerlo entre corredores urbanos, centros de trabajo y un constante movimiento de personas. Capacitar, informar e integrar las mesas de casilla exige conocer los tiempos, las lenguas y las formas de convivencia de cada comunidad: la confianza se construye hablando con la gente y comprendiendo su entorno.
No es igual la logística en tierras donde las lluvias pueden modificar los accesos, que hacerlo entre pendientes, caminos de montaña y poblaciones dispersas. Las rutas, los vehículos, los tiempos de traslado y las previsiones de contingencias deben responder a cada territorio. Detrás de una casilla que abre puntualmente hay una organización que supo anticipar el camino.
Organizar elecciones implica, finalmente, mirar las distintas maneras en que se habita y se recorre el país. No es igual la logística entre asentamientos separados por largos trayectos, que hacerlo en una entidad donde conviven comunidades agrícolas y grandes concentraciones metropolitanas. La organización electoral debe adaptarse a esas diferencias con sensibilidad y rigor, porque la igualdad del sufragio exige respuestas distintas: cada persona debe encontrar una casilla accesible y una autoridad preparada para recibir su voto.
A todas las consejerías locales, propietarias y suplentes, les reitero que no están solas ni solos en esta encomienda democrática, en este encargo que la República les ha asignado. Desde el Consejo General del INE acompañamos su labor con absoluto respaldo y profunda confianza en su seriedad profesional.
Estoy segura que cada Consejo Local estará a la altura del civismo ejemplar de las comunidades, pueblos, barrios y colonias de su Estado y que cada acuerdo aprobado será un testimonio de legalidad, de certeza, de independencia y un escudo para la voluntad ciudadana y para la recreación y resiliencia de nuestra Democracia.
Sus comunidades políticas locales son cuerpos sociales informados como pocos que demandan de sus autoridades Sentido de República, transparencia, imparcialidad, objetividad y, sobre todo, templanza, serenidad y lealtad a la Constitución. Reconociendo su compromiso con la democracia, se que estarán a la altura de la exigencia.