La Corte contra la ley de ultrajes de Veracruz/Federico Berrueto

La desesperación y la impotencia son malas compañeras para decisiones de gobierno frente a la delincuencia. La reforma al Código Penal de Veracruz en materia de “ultrajes a la autoridad”, es una medida que empodera discrecional y arbitrariamente a las autoridades frente al ciudadano. Si el proyecto del ministro Prado Rebolledo prospera, como es previsible, en un caso emblemático de acción de inconstitucionalidad, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García recibirá, una vez más, un severo golpe a su muy cuestionable gobierno. Litigantes y constitucionalistas señalan que el problema de la redacción del artículo 331 del Código Penal sobre ultrajes a la autoridad, es que penaliza en términos muy generales la resistencia que pudiera haber por parte de cualquier ciudadano a un acto de autoridad. El ministerio público puede imputar o la misma policía puede proceder a la detención a partir de su interpretación a una determinación cuya redacción no precisa las conductas punibles. El presidente López Obrador, promotor para que Cuitláhuac García llegara a la gubernatura, de manera recurrente ha salido a su rescate con desproporcionadas expresiones de deferencia y respaldo; mientras, el gobernador acusa falta de oficio, reciprocidad y de elemental sensibilidad. Se sirve de la confianza que le dispensa el presidente.o/Quadratín

La desesperación y la impotencia son malas compañeras para decisiones de gobierno frente a la delincuencia. La reforma al Código Penal de Veracruz en materia de “ultrajes a la autoridad”, es una medida que empodera discrecional y arbitrariamente a las autoridades frente al ciudadano. Si el proyecto del ministro Prado Rebolledo prospera, como es previsible, en un caso emblemático de acción de inconstitucionalidad, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García recibirá, una vez más, un severo golpe a su muy cuestionable gobierno.

Litigantes y constitucionalistas señalan que el problema de la redacción del artículo 331 del Código Penal sobre ultrajes a la autoridad, es que penaliza en términos muy generales la resistencia que pudiera haber por parte de cualquier ciudadano a un acto de autoridad. El ministerio público puede imputar o la misma policía puede proceder a la detención a partir de su interpretación a una determinación cuya redacción no precisa las conductas punibles.

El presidente López Obrador, promotor para que Cuitláhuac García llegara a la gubernatura, de manera recurrente ha salido a su rescate con desproporcionadas expresiones de deferencia y respaldo; mientras, el gobernador acusa falta de oficio, reciprocidad y de elemental sensibilidad. Se sirve de la confianza que le dispensa el presidente.

Uno de los episodios más lastimosos del gobernador de Veracruz, por todo lo que implica, no sólo culpa de él, fue el revés que se le dio al Senado en la investigación por la detención arbitraria, en diciembre pasado, del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. La actitud agresiva, contestataria y de confrontación del mandatario ante el Senado fue correspondida por el inmediato apoyo de la jefa de gobierno de la ciudad de México, además del respaldo del presidente en una conferencia mañanera. Ahora en estos días se suma el de la secretaria de energía Rocío Nahle su aliada y quien pretende sucederle en el gobierno estatal.

Este último se deja llevar por sus impulsos derivados de su estado de ánimo y del prejuicio. La actitud provocadora del gobernador García de recurrente enfrentamiento a la oposición, al Senado y a reporteros de los medios de comunicación se ve aceptada desde el centro por el apoyo presidencial que recibe. Al igual que el presidente respecto a México, el gobernador dice que su Estado está pasando por un momento muy favorable después de la tormenta de los gobiernos anteriores. Se mimetizan las formas y los dichos. Además, Claudia Sheinbaum compromete su identidad y posición propias en un apresurado seguimiento a López Obrador, resultado de la anticipada carrera por la postulación presidencial por el partido en el poder.

La Corte ha tenido que dar el manotazo que debió venir del presidente. Al igual que la crisis de inseguridad juridica y pública en Veracruz hay, además, la de legalidad que por lo visto no es de atención, interés o preocupación por parte del mandatario nacional. El gobernador ha intentado anticiparse a la Corte, promoviendo una apresurada reforma al Código penal. Ayer domingo sesionó el Congreso local de manera extraordinaria en un intento de enmendar lo que ese mismo gobierno promovió. Sin embargo, Arturo Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, ha señalado que dicha reforma es un engaño que deja vigente el fundamento de lo que se impugna; además de que, para efectos prácticos, la Corte deberá pronunciarse en términos de la ley antes de una reforma sin vigencia al momento de la resolución.

Resulta muy preocupante que ante la magnitud de los problemas que las autoridades enfrentan se trivialicen los términos de su responsabilidad ante la ley. En el Estado la inseguridad, la violencia y la criminalidad prevalecen en amplios territorios, más allá de la prédica triunfalista del gobernador; es momento de observar con cuidado a Veracruz y actuar de manera correctiva. Las fallas institucionales revelan que se están incubando problemas de mayor proporción al momento de que el gobierno federal voltea al otro lado o se incurre en franco oportunismo electoral como lo revelan las actitudes de la jefa de Gobierno y de la secretaria de Energía.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto