La congruencia también es revolución 

La transformación de la vida pública no se mide únicamente por las grandes reformas constitucionales, los programas sociales o los resultados electorales. También se mide por la conducta cotidiana de quienes ejercen responsabilidades públicas. La congruencia entre el discurso y la acción es, quizá, la prueba más exigente para cualquier movimiento político que aspire a transformar la realidad nacional.

Por ello resulta pertinente la posición asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto de la participación de funcionarios públicos en actividades partidistas. A raíz de la presencia de Manuela Obrador Narváez, delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, en un acto de Morena celebrado en Palenque, la presidenta fue clara al señalar que las expresiones vertidas en ese evento no representaban la posición del Gobierno de México y que debía revisarse si existía alguna responsabilidad administrativa derivada de la actuación de la funcionaria.

La discusión de fondo trasciende a la persona involucrada. No se trata de un debate sobre parentescos, filiaciones políticas o simpatías ideológicas. Se trata de una cuestión esencial para la salud democrática: la separación entre las responsabilidades del Estado y las actividades de los partidos políticos.

Durante décadas, México padeció la confusión entre gobierno y partido. El viejo régimen priista construyó buena parte de su hegemonía precisamente sobre esa mezcla perniciosa. Los recursos públicos, las estructuras gubernamentales y los programas sociales eran utilizados con frecuencia para fortalecer intereses partidistas. La transición democrática y, posteriormente, la Cuarta Transformación, prometieron desterrar esas prácticas.

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